El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado un acuerdo con el gobierno autonómico de Baleares, evitando llevar al Tribunal Constitucional una disposición de los Presupuestos autonómicos del presente año. Según la nota de prensa, el acuerdo se refiere a la disposición final decimosegunda de la ley de presupuestos, sobre retribuciones de personal, que "se interpretará y aplicará de modo que no suponga en ningún caso un incremento retributivo adicional al máximo previsto con carácter general y básico en las normas presupuestarias". Se espera que otra discrepancia en referencia a la disposición final cuarta de las cuentas autonómicas, sobre tributos, se resolverá en otro acuerdo.

El Ministerio ha alcanzado durante el mes de mayo un total de 11 acuerdos con distintas comunidades autónomas, incluyendo Madrid, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura, con el fin de evitar llevar al Tribunal Constitucional normas sobre las que habían discrepancias competenciales.

Entre los acuerdos, el gobierno central y la Comunidad de Madrid han llegado a un entendimiento en relación con la ley de Servicios Sociales de la región presidida por Isabel Díaz Ayuso. El acuerdo incluye los apartados del artículo 2 y 35, junto con la disposición adicional primera. Además, se ha llegado a otro pacto en relación con la ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad, que afecta a varios preceptos.

Con Extremadura, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo relativo a la ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía para la prestación útil de los servicios públicos, en lo que compete al artículo 10 y la disposición adicional primera reguladora del bono social térmico. También se ha llegado a un acuerdo con Canarias en relación con el decreto por el que se establece una revisión de precios extraordinaria en el contrato de obligación de servicio público de transporte marítimo entre las islas de El Hierro y Tenerife. El ejecutivo canario se ha comprometido a proceder a la derogación expresa del decreto.

También con el Gobierno canario se ha acordado modificar varios preceptos de la ley de cambio climático y transición energética. En cuanto a Cantabria, el acuerdo compete a la ley de Coordinación de Policías Locales y la ley cántabra de medidas fiscales y administrativas. El Ejecutivo cántabro promoverá en su próxima ley la modificación legislativa del artículo 16 de dicha norma, entre otros puntos.

Por último, en la Comunidad Valenciana, se ha acordado modificar varios artículos de la ley de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en esta región, así como acuerdos parciales en la ley de cambio climático y la transición ecológica y la norma de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización.