La Fiscalía ha respaldado al exalcalde de Sant Antoni de Portmany, José Tur, afirmando que no cometió prevaricación al paralizar la instalación de un chiringuito en Cala Gració en 2018, autorizado previamente por el Ayuntamiento. La empresa afectada argumenta que los informes en los que se basa la defensa fueron elaborados específicamente para este caso.

El juicio contra Tur y la exregidora de Urbanismo, Cristina María Ribas, acusados de prevaricación, ha sido visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma. La fiscalía y la defensa mantienen su solicitud de absolución, mientras que la acusación particular busca su inhabilitación. La reclamación por los daños económicos está en proceso en instancias contencioso administrativas.

La fiscal argumenta que tras la prueba practicada en el juicio, no hay indicios de prevaricación por parte de los acusados. Se basa en informes de expertos municipales que señalaron irregularidades en el permiso para el chiringuito. La defensa también sostiene que no hubo responsabilidad penal ni administrativa durante el proceso.

La letrada de la defensa afirma que los informes encargados por el gobierno municipal mostraron graves irregularidades en el proyecto del chiringuito, lo que llevó a la revocación del permiso. Por otro lado, el letrado de la acusación particular cuestiona la legitimidad de estos informes y argumenta que la decisión de los acusados fue ilegal.

Los hechos se remontan a abril de 2018, cuando se concedió el permiso para la instalación del chiringuito en Cala Gració, con respaldo de la Demarcación de Costas. Sin embargo, posteriormente se emitió un decreto municipal que prohibía iniciar la actividad, basado en los informes de los expertos municipales que advertían de irregularidades en el proyecto.