Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares reanudará el juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, quienes declararán en calidad de procesados. La Fiscalía ha solicitado 118 y 121 años de prisión para ambos, respectivamente. También serán juzgados miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, incluyendo al inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.

El juicio, que comenzó el 5 de junio, fue objeto de cuestiones previas presentadas por las defensas argumentando la nulidad del procedimiento, ya que las pruebas utilizadas para la celebración del mismo son nulas. Este pasado martes, la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB dictaminó la nulidad de parte de las pruebas sustentadas por las acusaciones, aunque mantuvo la continuidad del juicio.

En su resolución, el TSJ declaró determinadas pruebas ilícitas que no podrán ser usadas por las acusaciones. Aún así, se admitió que las filtraciones a los periodistas puedan demostrarse por otros medios válidos. Además, se desestimó la incompetencia de los policías investigadores por la parcialidad del juez y el fiscal, o la inhabilidad de Tomás Herranz, y también se delimitó la legitimación de las acusaciones particulares para ejercitar acción penal, resolviéndose que solo puedan acusar por hechos de los que han sido directamente perjudicadas.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Penalva y Subirán delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio. También solicita 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para Penalva y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para Subirán. En el escrito se señalan las instrucciones de los casos Cursach, ORA, IME y Madame.

Las defensas de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas también presentaron sus escritos, reclamando penas de más de 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, que tiene más de 30 páginas, se describe cómo el juzgado de Instrucción número 12 de Palma investigó diferentes hechos en los que intervinieron los seis acusados. También se sostiene que los medios de comunicación divulgaron información de las investigaciones judiciales del caso Cursach, ORA e IME con informaciones "facilitadas por los acusados y sin que evitaran o impidieran su divulgación ni investigaran quién filtraba la información".

Además, la Fiscalía indica que las detenciones de 15 personas en el caso ORA se llevaron a cabo tras un testimonio "de contenido completamente inconcreto y especulativo". También se alude a la detención del ex político del PP Álvaro Gijón, su hermano y sus padres con la motivación de "presionar y ablandarlo".

Finalmente, los fiscales argumentan que "los investigadores se habían fijado como meta demostrar la implicación de Gijón y entre todos decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político". También se describen siete hechos más en las instrucciones judiciales del caso Cursach.