PALMA, 30 de septiembre. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido admitir el recurso contencioso-administrativo que ha presentado el Govern de les Illes Balears en relación al Real Decreto 743/2025, el cual regula la capacidad del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas.

Este martes, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha comunicado que el Govern balear expresa su preocupación por la presión que enfrenta el sistema de protección de menores en la región. Esto es especialmente relevante en el caso de los niños y adolescentes migrantes que llegan sin compañía, una problemática que ha sido denunciada en múltiples ocasiones tanto por el Govern como por los Consells. La información presentada se respalda en los informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

El recurso se fundamenta en la crítica a la asignación de un límite de 406 menores al sistema de Baleares, considerándolo una regulación falto de una justificación transparente sobre los criterios utilizados. Este proceso, según se argumenta en el recurso, resulta en un manejo que es "opaco y arbitrario", favoreciendo a algunas comunidades en detrimento de otras, lo que contraviene el principio de solidaridad interterritorial establecido en la Constitución. Desde el Govern, se sostiene que esta norma perjudica los intereses de la comunidad balear.

El Tribunal Supremo procederá ahora con el estudio del recurso que fue presentado el 24 de septiembre de 2025, por parte de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, y que recibió el visto bueno del Consell de Govern.

Este recurso se suma a otras dos acciones legales ya en curso, previamente presentadas por la Abogacía de Baleares. Estas incluyen un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, que afecta las competencias y la autonomía financiera de la comunidad, y otro recurso ante el Tribunal Supremo en contra del Real Decreto 658/2025, el cual establece medidas frente a situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

Además, el Govern, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, ha presentado alegaciones contra el procedimiento que ha iniciado el Estado para el traslado de los dos primeros menores extranjeros no acompañados, en el marco del reparto impuesto por el Gobierno central.