La Audiencia Provincial de Palma ha dictado un fallo favorable para la exalcaldesa de Petra, Caterina Mas, quien ha sido exonerada de los cargos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Mas, que formó parte de MÉS per Mallorca, enfrentaba acusaciones por supuestamente favorecer a su esposo durante su gestión al frente del Ayuntamiento.

El tribunal, según información recibida por Europa Press, ha dejado sin efecto todas las imputaciones contra Mas, que la hubieran expuesto a una pena de tres años de prisión, 27 años de inhabilitación, y una multa de 130.000 euros. Originalmente, también se le había incluido un cargo adicional por tráfico de influencias, que fue retirado posteriormente por el Ayuntamiento.

Las acusaciones se originaron tras una denuncia presentada por Martí Sansaloni, actual concejal del PP y sucesor de Mas como alcalde. Salvador Femenías, del partido El PI, continúa con la representación del Ayuntamiento en este proceso.

El núcleo de la acusación radicaba en la supuesta negligencia de Mas al permitir que prescribiera una sanción de 58.000 euros impuesta a su esposo por una infracción urbanística durante su mandato entre 2010 y 2015. Según la Fiscalía, no se demostró que Mas, en su papel anterior como regidora de Cultura, gestionara la tramitación del expediente relacionado con una construcción de su esposo en 2004.

En el juicio, se argumentó que no había pruebas sólidas que demostraran la participación de Mas en la evaluación de la obra, la concesión de plazos para el pago de la multa, ni en la retención de los documentos que habrían llevado a la prescripción de la sanción.

La defensa de Mas, liderada por la abogada Laura Vallés, afirmó que el proceso dejó entrever un uso político de la justicia, enfatizando que su cliente había dimitido de su cargo en el Consell de Mallorca en 2020 a raíz del proceso judicial en su contra.

Según los hechos que los magistrados confirmaron, en febrero de 2007 se impuso una sanción de 58.000 euros a la sociedad asociada con el esposo de Mas y se ordenó la demolición de las obras en cuestión. Sin embargo, tras una serie de decisiones judiciales y la presentación de un plan de pago por parte del sancionado, la multa prescribió antes de que se iniciara formalmente el procedimiento para su ejecución.

Tras considerar toda la evidencia, los jueces concluyeron que no había pruebas que demostraran que Mas actuara de manera arbitraria con conocimiento de que su actuación era injusta, ni que hubiera permitido irregularidades en el proceso administrativo que llevaron a la caducidad de la sanción urbanística.

La decisión judicial, que también implica que el Ayuntamiento deberá hacerse cargo de las costas procesales, aún es susceptible de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Desde MÉS per Mallorca, el coordinador general, Lluís Apesteguia, celebró la absolución de Caterina Mas, calificando el día como un momento de alegría y justicia. Apesteguia recordó que el partido siempre apoyó a Mas, aunque lamentó que la justicia haya llegado demasiado tarde para subsanar el daño causado por años de ataques políticos.