En una reciente iniciativa política, el Partido Popular (PP) de Baleares ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament que busca instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a desbloquear la controvertida Ley Antiokupación. Esta legislación tiene como objetivo permitir a los propietarios desalojo inmediato de personas que ocupan sus viviendas de manera ilegal, estableciendo un plazo de 24 horas para su ejecución.

El grupo parlamentario del PP ha comunicado que su PNL está enfocada en erradicar la práctica de la 'okupación' ilegal en las Islas Baleares, afirmando que fortalecer esta legislación es esencial para salvaguardar los derechos de los propietarios. La propuesta surge en un contexto en que muchos ciudadanos se sienten desprotegidos frente a situaciones de ocupación, donde la ley parece favorecer a quienes se instalan sin autorización.

Sebastià Sagreras, portavoz del PP en el Parlament, ha expresado que su partido exige medidas decisivas para combatir lo que consideran un problema alarmante que afecta a miles de propietarios en la región. A su juicio, la legislación actual, respaldada por el PSOE de Sánchez, otorga una protección que, según el PP, favorece a los ocupantes ilegales a expensas de los derechos de los propietarios.

Sagreras ha sostenido que es fundamental derogar la actual Ley de Vivienda y avanzar hacia el desbloqueo de la nueva Ley contra la ocupación ilegal. Considera que estas acciones son imprescindibles para establecer un marco legal que permita a los propietarios recuperar el control de sus propiedades de manera rápida y efectiva.

El portavoz 'popular' subrayó que Baleares necesita urgentemente nuevas herramientas legales, sugiriendo que se deben incrementar las sanciones tanto para los ocupantes ilegales como para aquellos que facilitan tales acciones. A su juicio, esto no solo fortalecería la posición de los propietarios, sino que también contribuiría a una convivencia vecinal más armoniosa al evitar la ocupación.

En una propuesta más amplia, el PP sugiere que la inscripción de una persona que ocupe ilegalmente una propiedad en el padrón municipal sea considerada nula. Además, proponen que las comunidades de propietarios tengan la autoridad para tomar medidas preventivas contra la ocupación, protegiendo así el bienestar de los vecinos.

Finalmente, el Partido Popular de Baleares ha solicitado que el Parlament inste al Gobierno de España a establecer juzgados especializados en casos de 'okupación' e 'inquiokupación'. Según ellos, esta medida permitiría tramitar de manera más ágil y efectiva todas las acciones relacionadas con la ocupación ilegal, evitando así la saturación del sistema judicial en las islas y asegurando una respuesta rápida a los afectados.