El 20 de junio en Palma, el Govern balear ha dado un paso significativo al modificar la normativa que regula la gestión económica en los centros educativos públicos, fortaleciendo la capacidad de decisión de los equipos directivos.

Según un comunicado emitido por la Conselleria de Educación y Universidades, esta modificación actualiza una orden que había estado en vigor desde 2002, y representa un avance en la disminución de la burocracia en el ámbito educativo. El cambio busca empoderar a los directores y aliviar la carga administrativa que recae sobre el profesorado.

Entre las medidas más destacadas de esta reforma, se encuentra la eliminación del requisito de que el consejo escolar apruebe los gastos, así como la supresión de la necesidad de solicitar autorizaciones a la Secretaría General de la Conselleria para ejecutar gastos específicos. Esto facilitará que los equipos directivos gestionen los recursos de manera más ágil y eficiente.

Los nuevos umbrales de tramitación se alinean con los límites establecidos por la normativa de contratos del sector público, lo que permitirá mayor independencia a las escuelas. Por ejemplo, para gastos menores a 4.999 euros, solo será necesario presentar un presupuesto, y con la aprobación del director, será suficiente para proceder. Para montos entre 5.000 y 14.999 euros en servicios o 5.000 y 39.999 euros en obras, los centros deberán obtener tres presupuestos y añadir una breve memoria explicativa al expediente correspondiente.

Además, se ha incrementado el límite para operaciones en efectivo, subiendo de 150 a 500 euros, cifra que coincide con el nuevo límite máximo para el fondo de caja del centro, que también será de 500 euros.

Para garantizar que todos los directores de centros públicos estén al tanto de estas modificaciones, la Conselleria organizará una reunión informativa a inicios de julio, donde se abordará la aplicación práctica de la nueva normativa.