En Palma, la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas ha confirmado que 228 expedientes que estaban pendientes de ser abiertos en la ya extinta Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, referentes a denuncias entre 2021 y 2024, seguirán su proceso en los órganos correspondientes

Fuentes del departamento liderado por Antònia Estarellas han detallado que dichos procedimientos continuarán su curso en la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios, y no se perderán, como se había mencionado previamente en una comparecencia en el Parlament.

En una sesión solicitada por el PSIB en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, Estarellas había señalado que con la liquidación de la Oficina a raíz de la ley de transparencia, los 228 expedientes habrían caducado. Además, se informó que unos 300 expedientes ya finalizados fueron entregados al Parlament, y otros dos en proceso están siendo tramitados según lo acordado.

Durante dicha comparecencia, Estarellas reiteró la necesidad de cerrar la Oficina debido a su falta de transparencia y a la duplicidad de funciones, mientras que desde el PSIB se acusó al Gobierno de introducir opacidad en las instituciones. "Es la forma de actuar del PP, esconder posibles casos de corrupción", concluyó.

En cuanto a los expedientes pendientes de apertura, el departamento ha señalado que la inspección de servicios ha planteado varios interrogantes legales. Se cuestiona a qué administraciones competentes, según el objeto de la denuncia, deben ser remitidos los expedientes y qué medidas se deben adoptar para mantener la confidencialidad de los mismos, así como si se debe ofrecer audiencia a los denunciantes antes de remitir las denuncias a otras administraciones.

En relación con las administraciones competentes, se ha observado que la Autoridad Independiente de Protección del Informante aún no ha sido establecida. Por lo tanto, la inspección propone trasladar los expedientes a los Sistemas Internos de Información de las Administraciones denunciadas para llevar a cabo una investigación de los hechos denunciados y, en su caso, proponer las medidas correctivas apropiadas.

En el caso de las denuncias relacionadas con la Administración autonómica y sus organismos autónomos, la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios será el órgano competente. Con el objetivo de no sobrecargar la acción judicial con denuncias poco fundamentadas, los expedientes serán remitidos al Ministerio Fiscal o al Tribunal de Cuentas en los casos en los que existan indicios de criminalidad o responsabilidad contable.

Por otro lado, respecto al segundo interrogante planteado, la Inspección ha propuesto ofrecer a los denunciantes la posibilidad de presentar alegaciones antes de remitir las denuncias a otras administraciones públicas, permitiéndoles exponer cualquier argumento relevante o manifestar su oposición a la remisión de sus denuncias.