El Gobierno balear ha decidido plantar cara a la Ley de Amnistía aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados, interponiendo un recurso de inconstitucionalidad a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
Este martes, el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde también a la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso, argumentando que la mencionada ley viola el principio de separación de poderes.
De acuerdo con la Abogacía de la CAIB, la Ley de Amnistía "atenta" contra la atribución exclusiva de los jueces y tribunales para ejercer la potestad jurisdiccional, al anular sentencias, permitir a las Cortes Generales reemplazar al poder judicial y considerar ilegal la legislación aplicada por los tribunales en el pasado.
Además, se considera que la citada ley va en contra del principio de interdicción de la arbitrariedad, establecido en la Constitución, vulnerando la igualdad y los derechos fundamentales de la Unión Europea.
En este sentido, se destaca que la ley otorga un privilegio a ciertos ciudadanos simplemente por haber cometido delitos en una comunidad autónoma específica, excluyendo al resto de españoles y residentes en Baleares.
Por lo tanto, el Govern considera que es su deber garantizar el cumplimiento de la Constitución y recurrir contra leyes estatales que no se ajustan a sus valores y principios.
Categoría:
Newsletter
Entérate de las últimas noticias cómodamente desde tu mail.