Un grupo de cuatro miembros del Consell Consultiu ha expresado su desacuerdo con el contenido del decreto 2/2025, que regula el reparto de menores migrantes, sugiriendo que la situación actual exige un nuevo marco jurídico que permita establecer mecanismos obligatorios para las comunidades autónomas.

El Consell Consultiu ha respaldado la decisión del Govern de recurrir al Tribunal Constitucional, argumentando que el mencionado decreto, emitido el 18 de marzo, infringe principios clave de la Constitución, tales como la autonomía y la solidaridad entre comunidades, reflejados en sus artículos 2 y 138.

A pesar de la aprobación general del informe, los votos disidentes de los cuatro miembros abogan por priorizar el bienestar de los menores extranjeros no acompañados y resaltan la importancia de un enfoque solidario que promueva un marco jurídico capaz de regular de manera efectiva esta problemática.

El Consell, tras estudiar el decreto del Gobierno central, ha manifestado que faltan justificaciones sólidas para la urgencia que este decreto implica, y subraya que la crisis migratoria es un desafío que ha sido anticipado y no un evento imprevisto que justifique decisiones apresuradas en el ámbito legislativo.

En el informe se destaca la intrusión del Real Decreto Ley 2/2025 en las competencias autonómicas relacionadas con la protección y tutela de menores, enfatizando que la regulación actual debería enfocarse en la acogida de estos menores una vez que han llegado al país, y no en la inmigración en sí.

Además, el Consell Consultiu señala que el decreto otorga al Estado un poder de coordinación que, según la Constitución, no está justificado. Aseguran que dicha coordinación no puede llevarse a cabo sin un título constitucional que habilite al Estado a supervisar las acciones de las comunidades autónomas.

Para los miembros del Consultiu, la coordinación estatal debería ser un complemento a las competencias del Estado, y no debería implicar una reducción de las atribuciones autonómicas. En este contexto, critican que el decreto compromete la estructura de la Conferencia Sectorial encargada de la infancia, alterando los procedimientos de decisión necesarios para la protección de menores.

El análisis del decreto resalta que, de aprobarse tal y como está planteado, podría poner en riesgo los mecanismos ya establecidos para la protección de los menores extranjeros no acompañados, lo que va en contra de los protocolos de funcionamiento diseñados para salvaguardar su bienestar.

Las discrepancias entre los consellers también abarcan la necesidad de unanimidad en la Conferencia Sectorial para adoptar decisiones sobre el reparto de menores, considerándolo un intento unilateral de la Administración General del Estado que podría debilitar el principio de cooperación con las comunidades autónomas.

Los consellers disidentes han expresado que la supuesta urgencia del decreto podría no ser válida si implica que los menores deben continuar en situaciones deficientes mientras se espera el proceso de una ley ordinaria, solicitando una aclaración al Govern sobre esta cuestión urgente.

Finalmente, estos four consellers opinaron que las disposiciones del Real Decreto no deberían afectar a los títulos competenciales autonómicos, argumentando que el Estado tiene la autoridad necesaria para actuar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria y, de ser necesario, redistribuir a los menores entre comunidades autónomas.

En resumen, los votos discrepantes concluyen que la dignidad de los menores extranjeros no acompañados y la solidaridad interterritorial deberían ser los pilares para la creación de un marco jurídico más robusto que permita implementar protocolos obligatorios a nivel autonómico.