IBIZA, 13 de mayo. La preocupación por la conservación del medio marino y la pesca sostenible se ha traducido en acciones concretas por parte de las autoridades locales. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, junto con el Consell de Ibiza, ha tomado medidas enérgicas al denunciar a un restaurante de la isla por la posesión irregular de ocho kilos de pescado, incluyendo meros, corvinas y cabrachos, que fueron capturados de manera ilegal a través de pesca submarina.

Este martes, la Conselleria ha revelado que se encontraron cuatro meros cuyo tamaño no cumplía con la normativa vigente, además de cuatro corvinas y siete cabrachos. Todo el pescado ha sido confiscado y destruido, como parte de una acción destinada a proteger la biodiversidad marina.

Las inspecciones revelaron que los ejemplares decomisados presentaban las marcas visibles de haber sido capturados con un arpón. Además, el establecimiento no poseía la documentación necesaria que certificara la trazabilidad y procedencia de los productos, lo que llevó a las autoridades a inmovilizar y posteriormente incautar los alimentos ilegales.

El conseller de Pesca, Joan Simonet, enfatizó que este tipo de acciones son una muestra del compromiso inquebrantable del Govern con el sector pesquero y la defensa de los pescadores que operan dentro del marco legal.

Simonet aclaró que esta intervención se enmarca en una serie de inspecciones conjuntas entre la Dirección General de Pesca y los Consells de Ibiza y Formentera. Equipos de inspectores han viajado a las Pitiusas para investigar aquellos establecimientos sobre los que existen sospechas de actividades ilegales.

El conseller subrayó que la finalidad principal de estos controles es garantizar el cumplimiento de la normativa y, al mismo tiempo, defender los intereses legítimos del sector pesquero y de los consumidores, evitando así cualquier forma de competencia desleal.

La denuncia ha sido gestionada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que actúa en conformidad con la Ley 6/2013 del 7 de noviembre, la cual regula la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura en las Baleares. Esta ley tipifica como infracción muy grave la posesión y venta de pescado de tamaño inferior al autorizado, con sanciones que pueden alcanzar los 60.000 euros, además del decomiso de las mercancías involucradas.