Desempleados se manifiestan en el pleno de Cort por miedo a la calle: "No tengo derechos".

El 26 de marzo, Palma fue escenario de una contundente manifestación por parte de ciudadanos afectados por prácticas de desempadronamiento que han dejado a muchos en una situación precaria. La protesta tuvo lugar durante el pleno del Ayuntamiento, donde figuras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca llevaron sus inquietudes a la atención de los representantes municipales.

Encabezando la intervención, Ángela Pons, portavoz de la PAH, señaló la “ilegalidad” en la que supuestamente incurre el gobierno local al desprender a las personas de su empadronamiento. “Estamos aquí para reclamar nuestros derechos”, enfatizó, mientras los atrapados en la burocracia clamaban por soluciones.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Luis Gómez, un hombre de 53 años que reside en una caravana en Son Hugo, quien ha permanecido en esta isla durante 16 años. Luis compartió su angustia: “No pido una vivienda, solo un reconocimiento de mis derechos. La pérdida de mi empadronamiento ha afectado mi derecho a votar, acceder a servicios médicos y a vivir con dignidad. No quiero terminar en la calle sin derechos”, expresó con visible desánimo.

La situación de Ariadna, otra afectada, resalta la complejidad del proceso de empadronamiento. Aunque no ha sido desempadronada, ha enfrentado múltiples obstáculos para oficializar su residencia en Palma, donde trabaja y su hija estudia. “He intentado empadronarme durante dos años, pero en oficinas municipales no han aceptado mi documentación. Ahora trato de hacerlo de manera telemática, pero ha sido en vano”, comentó, lamentando la falta de comunicación clara desde el Ayuntamiento.

A pesar de haber expuesto su caso a la atención del Defensor del Pueblo, Ariadna continúa sin respuesta concreta. “No tengo un empadronamiento formal, ni una negativa claro, solo me desvían de un lugar a otro”, añadió, reflejando la frustración que han sentido muchos en su situación.

La PAH, en sus intervenciones, remarcó la urgencia de resolver esta problemática que afecta a cientos de ciudadanos, advirtiendo que es un incumplimiento directo de la ley. La indignación se intensificó cuando se recordó la reciente acusación del PSOE local hacia la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, por presuntamente solicitar listas de personas en riesgo de exclusión social para proceder a su desempadronamiento.

Las críticas hacia este actuar administrativo resaltaron durante el pleno, donde representantes de diversos grupos políticos argumentaron en contra de esta medida. La concejala de Podemos, Lucía Muñoz, subrayó que “esto no es solo una revisión del padrón; es una exclusión masiva que deja a muchos sin protecciones básicas”.

Desde el PSOE, Daniel Oliveira añadió que el Ayuntamiento está manipulando el acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación al dificultar el empadronamiento. “Deberían ser una puerta abierta y no una trampa”, puntualizó, defendiendo el derecho de todos a tener acceso a estos servicios fundamentales.

La controversia tomó un giro significativo cuando la concejala de Gobierno Interior, Mercedes Celeste, defendió la postura del equipo de gobierno, afirmando que todo proceso responde a una normativa vigente y subrayando que no se ha modificado el acuerdo que rige el empadronamiento, más allá de la actualización obligatoria de listados por parte de las entidades sociales.

Celeste, en respuesta a las acusaciones, se refirió a la responsabilidad del Gobierno central en el número de personas que han sido desempadronadas. En medio del intercambio de acusaciones, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, optó por una posición de apoyo al gobierno, agradeciendo su cumplimiento legal sin entrar en más detalles sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchos ciudadanos.

A medida que los grupos políticos intercambiaban acusaciones y propuestas sin llegar a un consenso, los ciudadanos afectados por estas políticas se sienten cada vez más atrapados en un sistema que parece fallarles, mientras continúan luchando por sus derechos en busca de una solución a su situación crítica.