Baleares pide a Bruselas ayudas para el transporte de mercancías por ser isla
Baleares pide a Bruselas ayudas al transporte de mercancías y seguridad energética; el tope de minimis fija 300.000 € en tres años.
El Govern balear quiere que Bruselas le eche una mano con el coste de mover mercancías y con la seguridad energética. Según recoge la noticia, la presidenta Marga Prohens ha enviado una carta a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.
La petición busca compensar lo que el Ejecutivo autonómico llama desventajas "estructurales y permanentes" de vivir en una isla. Es la continuación de la reunión que ambas mantuvieron el pasado 14 de octubre en Bruselas, durante la Semana Europea de las Regiones.
¿Y cuál es el problema concreto? Ahora mismo, la regla europea de minimis limita a 300.000 euros las ayudas que puede recibir una empresa en tres años. Para el Govern, ese tope se queda corto frente a los sobrecostes de la insularidad, y pega especialmente fuerte en sectores como la agricultura y la pesca, que gastan mucho combustible. Por eso Prohens pidió en octubre que se flexibilice o se suspenda temporalmente esa regla.
El Ejecutivo balear encargó a PricewaterhouseCoopers (PwC) un análisis sobre la insularidad, que es el que acompaña la carta. Según ese documento, la isla tiene más costes de transporte marítimo y aéreo de mercancías, necesita guardar más stock de seguridad de materias primas y sufre un encarecimiento de la energía y de los bienes de equipo. Además, las empresas tienen menos capacidad para alcanzar economías de escala.
Para la gente de a pie, esto significa que los costes extra de operar desde una isla pueden acabar notándose en lo que cuesta vivir y trabajar aquí. Lo que pide el Govern es que esas desventajas se compensen con instrumentos estables, para que las empresas de Baleares no partan con desventaja frente a las del continente.
El siguiente paso es que la Comisión Europea tenga en cuenta las conclusiones de ese análisis durante la revisión del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC). La noticia no recoge plazos ni una respuesta de Bruselas todavía.