La reciente aprobación de la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos en el Parlament ha generado un intenso debate, especialmente en el contexto de la negociación de presupuestos, donde Vox ha defendido que este asunto nunca fue parte de la conversación.

El pleno de la cámara legislativa en Palma ratificó la norma en un ambiente cargado de críticas por parte de los grupos de izquierda, quienes ya han anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, argumentando que se han vulnerado derechos fundamentales de los parlamentarios durante la tramitación de la ley.

Impulsada por PP y Vox, la legislación establece la situación de emergencia habitacional en las Islas Baleares, lo que permitirá la creación de proyectos en suelos rústicos y urbanos. La norma afecta a Palma y a municipios de más de 20.000 habitantes, y regula la utilización de suelo rústico sin agotar el urbanizable, así como la ampliación de legalizaciones en áreas protegidas, provocando así la indignación de diversas organizaciones sociales.

Frente a la sede del Parlament, se llevaron a cabo protestas de colectivos como el GOB y la Federació de Veïns de Palma, quienes rechazan lo que consideran políticas desreguladoras y contrarias al bienestar social. La izquierda criticó la aprobación de la ley, señalando que no se ajusta al texto discutido anteriormente y denunciando irregularidades en el proceso legislativo.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, pidió explicaciones sobre la inclusión de un artículo eliminado en la fase de ponencia, señalando que la falta de un debate adecuado en comisión podría tener repercusiones legales. A lo largo de la sesión, se vivieron momentos de tensión y curiosidad, como un desliz en la votación por parte de un portavoz, que generó risas entre sus colegas.

Negueruela ha argumentado que esta ley no está orientada a solucionar la crisis de vivienda para los residentes locales, sino a garantizar los intereses de los promotores inmobiliarios, criticando su aprobación sin los estudios necesarios y advirtiendo que facilitará la especulación y la reducción de espacios públicos. Además, anticipó que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, otros diputados, como Josep Castells de Més per Menorca, han acusado al Gobierno de ceder ante las demandas de Vox a cambio de apoyo presupuestario, afirmando que el texto derechista es inconstitucional y destinado a ser anulado. Desde Unidas Podemos, se ha reprochado al Ejecutivo por tratar el problema habitacional como una oportunidad para favorecer a los especuladores en lugar de ofrecer soluciones efectivas como la promoción de vivienda pública.

El diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, consideró que la nueva ley beneficiará a los especuladores, sin proporcionar alivio a quienes enfrentan problemas de vivienda, advirtiendo que el aumento en la oferta no implicará precios más accesibles. Criticó que esta iniciativa carece de propuestas urgentes y representa una concesión a Vox.

En defensa de la ley, el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, minimizó las críticas, alegando que no se habían discutido elevadas construcciones en áreas protegidas y enfocándose en la necesidad de vivienda para los residentes locales. Por su parte, Margalida Pocoví, del PP, afirmó que la ley busca corregir la inacción previa del gobierno y ajustar el mercado inmobiliario tras años de aumentos en los precios de alquiler y venta.

La normativa establece la creación de Proyectos Estratégicos Residenciales que aseguran que parte de la edificación en suelos urbanos se destine a viviendas protegidas, además de requerir que una porción de los proyectos sea cedida a los municipios para este fin. En cuanto a las legalizaciones en la Serra de Tramuntana, la diputada del PP sostuvo que esto no implicaría más construcciones en la zona, reafirmando el compromiso del Govern de proveer viviendas asequibles para los residentes.