El exdiputado del PP Álvaro Gijón ha recogido este lunes la notificación en el TSJIB. La representación del expolítico estudiará la sentencia que condena a los investigadores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, para determinar si la recurre ante el Tribunal Supremo.

Gijón acudió a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para recibir formalmente la notificación. Cuando se le preguntó sobre su valoración de la sentencia, Gijón rechazó hacer comentarios y se limitó a decir que están estudiando el contenido.

En el Palacio de Justicia, Gijón coincidió con uno de los policías condenados, el subinspector Miguel Ángel Blanco. Este policía fue sentenciado a tres años y diez meses de prisión por obstrucción a la justicia y coacciones hacia Álvaro Gijón.

El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán fueron condenados a nueve años y un día de prisión por diversos delitos, de los cuales año y medio corresponden a coacciones sobre Gijón.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares condenó al juez, fiscal y policías a indemnizar conjunta y solidariamente a Álvaro Gijón con 6.500 euros por daños morales.

Gijón dejó el Partido Popular después de que su hermano y sus padres fueran detenidos en el "caso ORA" en 2017. Tomó la decisión de darse de baja voluntariamente y mantuvo su inocencia. Continuó como concejal y diputado no adscrito hasta el final de la legislatura.

Con respecto a la condena por coacciones a Gijón, los magistrados del Tribunal Superior consideran que el chat intervenido a los investigadores muestra claramente la falta de imparcialidad del juez y del fiscal en la instrucción del caso, lo cual infringe una de las garantías básicas y esenciales del proceso penal y los derechos de los investigados, con el consecuente efecto de contaminar toda la instrucción.

La sentencia dictamina que, independientemente de la cuestionable naturaleza de los indicios de criminalidad y su potencial para llevar a cabo las detenciones y registros, es evidente que no era necesario ni proporcional detener a los familiares del expolítico para realizar los registros correspondientes.

Según el Tribunal, "los acusados Miguel Ángel Blanco, Iván Bandera, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, al llevar a cabo las detenciones de los padres y el hermano de Álvaro Gijón, buscaban presionar al político para que confesara su participación en el amaño del concurso y recibir una comisión de un millón de euros, al mismo tiempo que afectaban negativamente el ánimo de sus familiares detenidos para que proporcionaran información incriminatoria".