La diputada del PSIB, Amanda Fernández, ha denunciado que el Partido Popular está llevando a cabo un proceso de “castellanización” en el sector educativo, a raíz de los recientes acuerdos presupuestarios alcanzados con Vox. Esta situación se ha convertido en el foco de un intenso debate en el marco de la discusión sobre los presupuestos autonómicos.

Antoni Vera, conseller de Educación y Universidades, defendió este martes la colaboración con Vox que ha permitido una ampliación del presupuesto destinado al plan de elección de lengua. En su intervención durante el debate en la Asamblea, Vera manifestó su compromiso con la continuidad de este plan, a pesar de las críticas que ha generado entre la oposición. “Estamos cumpliendo con los acuerdos firmados y no podemos aceptar que algunos no respeten las reglas democráticas”, expresó.

Vera subrayó que la propuesta de presupuesto que se espera sea aprobada este miércoles representa un avance significativo en diversas áreas, incluyendo la mejora de infraestructuras educativas, el transporte escolar, y la implementación de medidas de conciliación familiar. Según el conseller, este aumento presupuestario también prioriza la climatización de los centros, la contratación de personal docente y la plena gratuidad en la educación infantil de 0 a 3 años, además de “devolver la dignidad” a la educación concertada.

El conseller enfatizó que “ningún gobierno ha invertido tanto en educación como este”, al tiempo que destacó que el presupuesto educativo ha crecido un 4,4%, superando la media de otros presupuestos autonómicos. “Es innegable la importancia de la educación en nuestra sociedad”, concluyó.

En el contexto de estas declaraciones, las críticas a la asignación de 21 millones de euros para el plan de libre elección de lengua se convirtieron en el tema central de las intervenciones durante la defensa de las enmiendas a la Conselleria. Fernández cuestionó abiertamente esta decisión, señalando que el PP había pactado con Vox para asegurar poder en la gestión autonómica, apuntando a un acuerdo que favorecería a figuras como Marga Prohens y Gabriel Le Senne.

La diputada también puso en duda la eficacia del incremento en la financiación del plan, sugiriendo que era un intento fallido que solo había ampliado la cifra de centros involucrados a 19. Además, acusó a Vera de llevar a cabo una “privatización encubierta” del sistema educativo.

De forma similar, Maria Ramon, diputada de MÉS per Mallorca, acusó al gobierno de intentar igualar el presupuesto entre la educación concertada y la pública, un modelo que se asemeja al de Madrid y que, según ella, no es justo dado que hay más alumnos en centros públicos. Ramón cuestionó también la veracidad de las cifras del plan de infraestructuras anunciado, subrayando que muchos de esos proyectos ya estaban preparados desde la anterior legislatura.

La diputada de MÉS per Menorca, Joana Gomila, también se pronunció en contra del plan de elección de lengua, expresando su rechazo a la idea de fomentar la creación de nuevos centros por comarca. “En Menorca no queremos que se promueva la creación de ningún centro que segmente a los estudiantes”, insistió, pidiendo a Vera que garantizara que fondos públicos no se destinaran a crear divisiones en el sistema educativo.