El compromiso por garantizar la seguridad y protección de los menores en el ámbito educativo cobra relevancia, especialmente ante situaciones delicadas. En este contexto, el Ministerio de Educación ha manifestado su intención de abordar con seriedad los casos que puedan poner en riesgo a los estudiantes.

PALMA, 11 de septiembre.

Antoni Vera, conseller de Educación y Universidades, ha manifestado que el Gobierno de España no tiene planes a corto plazo para implementar reformas que impidan que un docente que ha sido condenado por acoso a un exalumno pueda seguir enseñando.

Vera ha revelado que en febrero envió comunicaciones a diversos ministerios, incluidos Juventud e Infancia, Educación y Formación Profesional, Hacienda y Función Pública, así como Trabajo y Economía Social, para expresar su preocupación y solicitar modificaciones legislativas pertinentes.

No obstante, al ser cuestionado recientemente en una rueda de prensa, el conseller indicó que solo han recibido una respuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el cual no está considerando los cambios propuestos.

En particular, la Conselleria de Educación pidió que se amplíen los delitos mencionados en la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con el objetivo de establecer criterios claros para el acceso a profesiones que involucren contacto directo con menores.

La respuesta del Ministerio, dirigido por Pilar Alegría, reconoce la seriedad de la situación y expresa comprensión por la inquietud que existe entre la comunidad educativa y las familias. Sin embargo, se clarifica que la sentencia actual no conlleva una pena de inhabilitación, lo que limita las acciones legislativas viables para frenar la actividad profesional del docente en cuestión.

A pesar de esto, el Ministerio se ha comprometido a investigar detalladamente estas situaciones, con el objetivo prioritario de salvaguardar a los estudiantes más jóvenes.