PALMA, 7 de mayo. En un nuevo capítulo de la lucha por la justicia salarial, un grupo de trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas en Palma se han congregado este miércoles en la plaza de Cort. La acción se lleva a cabo en el contexto de una huelga indefinida que ya ha alcanzado su décimo día, donde las trabajadoras demandan la igualdad salarial con respecto a sus colegas de centros gestionados directamente por el Ayuntamiento.

La movilización, que ha contado con la presencia de una treintena de manifestantes, reúne a aquellas trabajadoras que no han sido obligadas a regresar a sus puestos durante el conflicto. "Estamos a la espera de que el Ayuntamiento presente al Juzgado la documentación que justifique la imposición de unos servicios mínimos que consideramos abusivos", ha comentado Pepa Ramis, representante de Educación 0-3 de CCOO.

El Ayuntamiento tiene hasta el jueves para entregar los documentos solicitados, y hasta el momento, los servicios jurídicos del sindicato no han tenido información sobre la entrega. Ramis ha sugerido que la administración municipal podría estar esperando hasta el último instante para enviar la información, lo que podría sabotear aún más la huelga.

“Sentimos que el Ayuntamiento está girando la mirada hacia otro lado, esperando que las trabajadoras sufran bajo la presión económica de la huelga”, ha afirmado Ramis, quien subraya que este conflicto no solo es laboral, sino que también pone de manifiesto la precariedad económica que enfrenta el colectivo mientras demandan sus derechos.

La falta de propuestas concretas por parte de la administración es motivo de creciente malestar. Ramis ha señalado que el Ayuntamiento aún no ha presentado ningún plan para equiparar los salarios de las trabajadoras externalizadas con aquellos de las empleadas en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, donde actualmente existe una diferencia de entre 600 y 700 euros mensuales, llegando incluso a los 900 euros en algunas categorías profesionales.

A pesar de la situación adversa, el único intento de mejora salarial provino de la empresa concesionaria, que ofreció una propuesta que el sindicato consideró claramente insuficiente. La huelga ha sido vista como una respuesta a la ausencia total de diálogo por parte del Ayuntamiento, que según los sindicatos, se ha negado a sentarse a negociar desde diciembre.

Ramis ha instado al gobierno municipal a modificar el contrato de licitación para incluir un aumento salarial justo, o a crear un nuevo contrato que contemple estas mejoras. En un giro desfavorable, el contrato actual fue renovado automáticamente en enero, lo que significó una pérdida de oportunidad para incorporar cambios necesarios en favor de las trabajadoras.