En una reciente reunión de la Comisión Paritaria, donde están presentes tanto la administración como los sindicatos, el sindicato Independiente, Autónomo y Unitario (Siau) ha anunciado su firme decisión de votar en contra de la propuesta de someter a un examen médico al profesor condenado por acoso en Mallorca. Esta controversia ha llevado a que muchos padres opten por no enviar a sus hijos al centro educativo de Son Sardina durante el presente curso.

El sindicato ha emitido un comunicado en el que destaca la falta de responsabilidad por parte de la Conselleria de Educación en este caso, acusándola de trasladar sus propias responsabilidades a los sindicatos, algo que según ellos, no está estipulado por la normativa vigente.

Critican que la administración, dirigida por Antoni Vera, ha mostrado un comportamiento irregular y negligente, además de una preocupante incompetencia en la gestión de lo que describen como un "caos absoluto" en la adjudicación de plazas a docentes. Sostenían que la Conselleria ha intentado desviar la atención de su fracaso al responsabilizar a los sindicatos de la situación.

Desde Siau señalan que no existe un "plan B" en el departamento educativo, y acusan a la administración de tratar de eludir sus deberes, fomentando divisiones entre los representantes de los trabajadores y generando una atmósfera de presión social para lograr lo que no pudieron obtener en los tribunales.

Recuerdan que este departamento fracasó en un intento anterior de inhabilitar al docente, y que en lugar de buscar soluciones legales y consensuadas, ahora se inclinan por aplicar procedimientos irregulares que, anticipan, encontrarán obstáculos en los juzgados. Para el sindicato, la Conselleria está adoptando una postura de "rebeldía institucional", desoyendo resoluciones judiciales y explorando caminos ilegales.

Además, Siau expresa su preocupación por la existencia de sindicatos que, en lugar de unir fuerzas en defensa de los derechos laborales, eligen alinearse con la Conselleria. Esto, afirman, abre la puerta a una peligrosa erosión de las garantías legales en el ámbito educativo y laboral.

Han denunciado la gestión "ilegal y negligente" de la Conselleria y advierten del riesgo que representa permitir que se ignoren las normativas sobre vigilancia de la salud. Exigen que de una vez por todas, la administración cumpla con sus responsabilidades y proteja los derechos del profesorado y de la comunidad educativa en su conjunto.

Por último, Siau insiste en que la lealtad de los sindicatos debe estar con los trabajadores y no con una administración que actúa fuera de la ley. Resaltaron su compromiso con el derecho a una educación segura para los niños, pero también la importancia de respetar la presunción de inocencia en casos legales, hasta que se emita una sentencia definitiva. Así, convocan a respetar las decisiones judiciales como piedra angular de un sistema educativo justo.