En un avance significativo en la lucha por los derechos humanos, Reyes Rigo, la única activista española de la Global Sumud Flotilla que había estado bajo arresto en Israel, llegará de vuelta a Palma este lunes. Su detención el 1 de octubre generó un gran revuelo y una intensa movilización para asegurar su regreso.

Rigo regresará acompañada de sus compañeras de lucha, Lucía Muñoz, coordinadora de Podemos Baleares y concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, así como Alejandra Martínez, también integrante del partido. Ambas esperaban su retorno en Madrid desde su arribo a España el pasado 7 de octubre.

El vuelo que traerá de regreso a las tres activistas está previsto que aterrice en Palma a las 13:30, según ha confirmado Muñoz. La victoria en esta lucha por la libertad se ha visto reflejada en los esfuerzos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha trabajado arduamente junto a la Embajada y el cónsul español en Tel Aviv para facilitar el regreso de los activistas.

Es importante destacar que Reyes Rigo era la última representante española de la flotilla en permanecer bajo custodia israelí. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado que los seis miembros restantes de la flotilla ya se encuentran en su viaje de regreso hacia España.

Estos compatriotas aterrizarán en la terminal 4S del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 08:15 de este lunes, después de haber pasado tiempo encarcelados por negarse a firmar su deportación, según indicaron fuentes cercanas a la flotilla Rumbo a Gaza. Las gestiones diplomáticas para su liberación han sido elogiadas por su extraordinario trabajo en un proceso complicado.

Reyes Rigo ha conseguido volver a casa tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para reducir los cargos en su contra. Lucía Muñoz, quien también formó parte de la flotilla, confirmó que este pactó incluyó una multa impuesta a Rigo y se dio a conocer a su familia durante una vista judicial reciente.

Un tribunal en Beer Sheva aceptó el acuerdo tras la declaración de culpabilidad de Rigo por agresión y daño corporal a una guardia de la prisión. Originalmente, se le acusó de morder a una funcionaria y resistirse a entrar en su celda, cuestión que fue adaptada posteriormente al afirmar que simplemente había clavado las uñas en ella durante el forcejeo.

Como parte del acuerdo judicial, Rigo recibió una condena de diez días de prisión, que ya había cumplido, y se le impuso una multa de 10,000 séquels (aproximadamente 2,650 euros), además de ser ordenada su deportación. En su declaración ante el juez, la activista no dudó en relatar las condiciones inhumanas que enfrentó durante su detención, incluyendo presuntos malos tratos y el hacinamiento extremo en su celda, donde estuvo con otras trece mujeres en un espacio diseñado para cinco.