La Fiscalía Anticorrupción ha decidido reducir su solicitud de condena para Miguel Pascual, empresario, así como para los policías locales y el funcionario municipal acusados de aceptar sobornos. Esta decisión se debe a la introducción de una atenuante de dilaciones indebidas en el proceso, que ha retrasado la tramitación de la causa.

Según el fiscal Juan Carrau, existe suficiente evidencia para demostrar que Pascual ofrecía dádivas y beneficios a ciertos funcionarios desde sus establecimientos en la Playa de Palma, como bebidas y servicios sexuales gratuitos. A cambio, estos funcionarios le brindaban un trato de favor en el ejercicio de sus funciones.

En un inicio, la Fiscalía solicitaba cinco años de prisión para el empresario, pero ahora ha reducido esta petición a cuatro años por cohecho activo. También ha disminuido la multa, pasando de 60.000 a 54.000 euros.

De igual manera, la nueva petición del fiscal reduce en seis meses la solicitud de cárcel para los policías y el funcionario. La condena propuesta ahora es de cuatro años de prisión y una multa de 43.200 euros para cada uno, además de una inhabilitación de nueve años y medio para empleo público. Para el subinspector, se añaden otros diez años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada.

En caso de que la Sala considere que los hechos no se ajustan al tipo penal del delito planteado, la Fiscalía plantea dos peticiones subsidiarias: una condena de tres años de cárcel como segunda opción y una de nueve meses como tercera posibilidad.

Además, Anticorrupción solicita que se tome acción legal contra dos testigos, los antiguos encargados del Bierkönig y el American Table Dance. El primero es acusado de mentir, mientras que el segundo se le acusa de haber proporcionado una declaración incompleta y reacia.