PALMA, 7 de agosto. La Audiencia Nacional ha ratificado la decisión de negar el estatus de refugiado y la protección internacional a un ciudadano argelino que llegó a Ibiza en busca de asilo, alegando que había sido víctima de amenazas por parte de un grupo criminal debido a una deuda contraída por un préstamo destinado a un negocio.

El solicitante narró que el gobierno de Argelia confiscó sus embarcaciones y que, tras no poder saldar su deuda, terminó siendo apuñalado y perseguido. Mientras él emprendía su viaje hacia España, su familia se vio forzada a trasladarse a Francia por temor a represalias.

El hombre presentó un recurso contencioso-administrativo tras la negativa inicial de la directora general de Política Interior en febrero de 2022, quien ya había rechazado su solicitud de asilo.

En su primera resolución, las autoridades subrayaron la falta de evidencias que indicaran una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, o cualquier otro tipo de vinculación social, así como la ausencia de justificaciones relacionadas con problemas de salud por la apuñalada sufrida o discordancias respecto al servicio militar, que el solicitante menciona como parte de su situación.

En la reciente sentencia, la Audiencia Nacional reconoció la complejidad de verificar alegaciones de persecución real y efectiva por parte de individuos que se ven obligados a abandonar su país debido a violencia o acoso. A pesar de estas dificultades, el tribunal sentenció que no se hallaron indicios que sustentaran las reclamaciones de persecución ni la inercia del estado argelino frente a las supuestas amenazas de muerte que enfrentó el demandante.

Además, la decisión indica que la demanda de asilo se presentó mientras el individuo estaba detenido en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Barcelona, como parte del proceso de devolución a Argelia tras haber ingresado ilegalmente en España por mar.

La Audiencia destacó que los datos proporcionados son confusos y carecen de claridad en cuanto a las razones por las que Argelia le habría confiscado sus barcos. También se cuestiona la falta de una denuncia formal respecto a la agresión sufrida y la mezcla de motivos en su solicitud de asilo, ya que, a pesar de mencionar el temor a represalias por negarse a prestar el servicio militar, no se presentan pruebas sobre reclutamiento forzoso o consecuencias penales que pudieran demeritar su situación personal.

Finalmente, la Audiencia Nacional concluyó que no hay evidencia que demuestre una situación de vulnerabilidad del demandante que justifique su permanencia en España en caso de un eventual retorno a Argelia, y determinó que él deberá hacerse cargo de los costos legales del proceso.