En Palma, el 11 de noviembre, se ha generado una intensa presión por parte de los partidos de izquierda en Baleares. El PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Unidas Podemos han solicitado al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, que convoque urgentemente una reunión este mismo lunes. La razón detrás de esta demanda es la necesidad de establecer una prohibición firme sobre la construcción en áreas susceptibles a inundaciones. Estos partidos consideran que la propuesta del Ejecutivo balear de incluir esta problemática en la ley de simplificación administrativa es, a todas luces, "ineficaz e insuficiente".

En su comunicado conjunto, los partidos de la oposición han advertido que, si no se consigue un consenso en este asunto crítico, alzarán la voz para proponer el aplazamiento de la votación programada para el pleno del Parlament este martes. La intención es ganar tiempo y facilitar un diálogo que, afirman, es esencial para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía, especialmente considerando los peligros evidentes que conllevan las inundaciones.

La respuesta de la izquierda ha sido contundente: no aceptarán "ninguna rebaja" en las propuestas relacionadas con la protección ante inundaciones. Además, han instado al Govern a comprometerse a una "negociación real" que haga posible un enfoque efectivo para resguardar a la población frente a eventos climáticos extremos, tomando como referencia las tragedias vividas recientemente en la Comunidad Valenciana por la DANA y el desastre de Sant Llorenç.

En términos concretos, estos partidos están demandando que se elimine del borrador del decreto ley de simplificación administrativa la denominada "amnistía urbanística" que permitiría la legalización de edificaciones en suelo rústico en ubicaciones propensas a inundaciones. Asimismo, han exigido que no se permita la clasificación de nuevos suelos urbanizables en estas áreas vulnerables.

Los representantes de la oposición también han solicitado al Govern que se muestre receptivo en torno a la propuesta de una prohibición total de nuevas construcciones, que incluye no solo edificaciones privadas, sino también equipamientos públicos, así como la conversión de locales comerciales en viviendas en zonas susceptibles a inundaciones.

Por último, han dejado claro que cualquier intento del Govern de modificar a la baja estas propuestas será considerado inaceptable. Los partidos de izquierda han subrayado que la ciudadanía merece que este tema sea tratado con la altura de miras y la capacidad de consenso que la situación exige, resaltando la importancia de proteger a la comunidad frente a estos riesgos cada vez más evidentes.