La formación MÉS per Mallorca ha decidido retirar su respaldo al proyecto de ley de macrogranjas tras la incorporación de enmiendas propuestas por Vox, lo que ha desatado un intenso debate en el Parlamento balear.

Vox ha impulsado la idea de que el sector primario obtenga una parte de los beneficios del turismo, proponiendo la inclusión de actividades ecuestres dentro de las explotaciones agrarias.

El Partido Popular, por su parte, defiende la relevancia de esta normativa, acusando a la oposición de facilitar la inclusión de modificaciones que, en su opinión, desvirtúan el propósito original del proyecto.

El Parlamento aprobó recientemente la ley que prohíbe las macrogranjas de aves con más de 160,000 gallinas, una legislación que aparece con enmiendas de Vox que eliminan la obligación del uso del catalán en el ámbito de la sanidad pública y que legalizan campos de polo, como el presente en Campos.

A pesar de que la normativa había sido inicialmente consensuada entre el Govern y MÉS, la llegada de estos cambios ha llevado a MÉS a distanciarse de su apoyo inicial.

Según el dictamen que surgió de la Comisión de Economía, la propuesta prohíbe la existencia de macrogranjas avícolas que excedan las 160,000 gallinas, estableciendo distancias mínimas respecto a núcleos urbanos: 2 kilómetros para granjas de 20,000 aves, 4 kilómetros para 40,000 y 6 kilómetros para 80,000 aves, con un límite absoluto de 160,000.

La necesidad de prohibir estas instalaciones fue motivada por el intento de establecer una macrogranja en proximidad a Sineu, que planeaba albergar 750,000 gallinas. La reacción del Govern fue archivando dicho proyecto y redactando un decreto en colaboración con MÉS, aunque ahora enfrenta críticas por el respaldo a las enmiendas de Vox.

El debate también ha incluido enmiendas de control presupuestario que fueron presentadas por el PSIB, aunque estas no lograron avanzar en la votación final.

Las modificaciones que Vox ha propuesto abarcan diversos temas, muchas de las cuales son consideradas ajenas al objetivo principal de la ley, como la eliminación de la exigencia del catalán para el personal sanitario, que ahora se considera un simple mérito, mientras que para el personal no sanitario continuará siendo un requisito, aunque con algunas excepciones.

Además, se han reformado aspectos de la ley agraria para permitir actividades ecuestres en su seno, allanando el camino para la legalización de infraestructuras como campos de polo.

Por otro lado, se han rechazado propuestas de la oposición, donde se incluían iniciativas para regular todo tipo de explotaciones ganaderas y establecer límites en las dimensiones que se considerarían industriales.

El conseller Joan Simonet, quien defendió el debate, argumentó que la normativa es un esfuerzo por regular actividades que previamente carecían de regulación y que ha sido el resultado de un análisis riguroso y un diálogo con los afectados.

Según él, el compromiso de su departamento es seguir trabajando en políticas beneficiosas para los agricultores, asegurando que están abiertos a sugerencias y críticas constructivas.

El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, destacó la importancia de las explotaciones intensivas para garantizar productos locales a precios accesibles, justificando sus enmiendas como una búsqueda de seguridad jurídica y un intento de involucrar al sector agrario en el negocio turístico.

En respuesta a las críticas, el diputado Ferran Rosa de MÉS per Mallorca reprochó al PP por haber quebrantado un pacto explícito sobre la inclusión de cuestiones relacionadas únicamente con las macrogranjas.

Finalmente, otros miembros de la oposición, como el socialista Marc Pons, expresaron su preocupación porque la ley no aborda adecuadamente las condiciones ambientales y no incluye restricciones para otros tipos de explotaciones ganaderas, dejando abierta la puerta a prácticas no sostenibles.

El diputado del PP, Pedro Álvarez, defendió la ley argumentando que cierra vacíos legales y busca proteger tanto al sector primario como a la soberanía alimentaria, y concluyó señalando que la oposición había facilitado la llegada de las enmiendas al votar a favor del proceso legislativo.