PALMA, 31 de julio. La reciente decisión del Consell Consultiu marca un giro importante en la regulación del chárter náutico en las Islas Baleares. Este organismo ha respaldado la modificación de un decreto que, con gran probabilidad, será ratificado por el Consell de Govern este viernes, y que prohibirá el alquiler turístico de embarcaciones privadas. Sin embargo, un grupo de cuatro consellers ha emitido un voto particular, advirtiendo que esta medida podría superar las competencias estatales.

El dictamen, que se hizo público el lunes, se produce un día antes de que la presidenta regional, Marga Prohens, anunciara su intención de llevar esta modificación al Consell de Govern. La propuesta busca contrarrestar una normativa estatal que, a partir de mediados de agosto, permitiría el alquiler de embarcaciones particulares para fines turísticos.

Al día siguiente, cuatro consellers del Consell Consultiu plantearon su desacuerdo a través de un voto particular, argumentando que la postura de la mayoría presentaba "distorsiones e incoherencias". Ellos consideran que la modificación del decreto excede las competencias que corresponden a la comunidad autónoma, invadiendo así territorios que son, en esencia, competencia del Estado.

En su declaración alternativa, estos consellers objetan la evaluación positiva de la mayoría, argumentando que el proyecto para modificar el decreto “va más allá de lo que debería ser una regulación de la actividad de alquiler de embarcaciones”. Específicamente, critican que se llegue a establecer requisitos técnicos y de legalidad para las embarcaciones en arrendamiento, pueblo evidente con la prohibición de alquilar embarcaciones que cuentan con autorización para un cambio temporal de uso de privado a comercial, como se detalla en el artículo 3.3 del decreto.

Desde la perspectiva de estos cuatro miembros, la prohibición total del alquiler de embarcaciones particulares, que están registradas en la lista séptima y que ya han obtenido permisos para el cambio temporal a uso comercial, es una clara violación de las competencias que tiene la comunidad autónoma. A su juicio, mientras que la mayoría vio la modificación como un asunto relacionado con el turismo, ellos argumentan que en realidad atañe a la navegación marítima y la marina mercante, que son competencias que corresponden al Estado.

La disconformidad de estos consellers con la visión de la mayoría se hace evidente al considerar "curioso" que se amplíe el concepto de turismo y ocio para intervenir en las regulaciones de despacho de buques, algo que, según ellos, no debería recaer bajo la competencia turística.

A pesar de este desacuerdo, la mayoría del Consell Consultiu ha aprobado el proyecto de modificación del decreto, aunque han dejado constancia de una serie de observaciones que consideran cruciales antes de su aprobación definitiva por el Consell de Govern.

El dictamen señala que la memoria del análisis de impacto normativo (MAIN), que acompaña al proyecto, destaca el “nulo impacto económico” que, a su juicio, tendrá la nueva normativa. Argumentan que no repercutirá sobre la competencia ni sobre la unidad de mercado, ya que no establece medidas que restrinjan la libre circulación de bienes y personas en el ámbito nacional, lo que, según ellos, elimina la necesidad de comunicar el proyecto a la Comisión Europea.

Sin embargo, el dictamen también menciona que la modificación del decreto sí puede tener un impacto en el mercado, pues la prohibición del alquiler de embarcaciones con autorización de cambio de uso limita esta actividad económica. Este factor, subrayan, debería ser incorporado en el análisis de impacto normativo y cumplir con el trámite de comunicación a la Comisión Europea.

Este aspecto es una de las múltiples recomendaciones “esenciales” que el órgano consultivo insta al Govern a abordar antes de proceder con la aprobación definitiva del decreto. Entre ellas, sugieren la corrección de ciertos errores de forma, la adecuada sustentación legal basada en sentencias de la Unión Europea y el Tribunal Supremo, la evaluación del impacto ambiental, y la consulta del proyecto con los consells insulars.