En Palma, el 24 de mayo, la Obra Cultural Balear (OCB) ha exigido cautela en la interpretación del reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la eliminación del requisito del catalán en el ámbito sanitario de las Islas Baleares.

Antoni Llabrés, presidente de la OCB, ha subrayado en un comunicado que el TC no se ha pronunciado sobre el fondo de la controversia, limitándose a evaluar los motivos de inconstitucionalidad presentados por los denunciantes.

El pronunciamiento del TC se centra en el primer recurso interpuesto por la OCB, respaldado por 50 diputados del PSOE y Sumar. Según el Tribunal, este recurso ha perdido su relevancia, dado que el Decreto Ley 5/2023, que estaba impugnando, ha sido recientemente derogado por la Ley 7/2024, impulsada por una serie de enmiendas propuestas por Vox a las que el PP votó a favor en el Parlament.

Con el fin de enmendar lo que se ha calificado como un desatino legislativo, el Govern adoptó el Decreto Ley 5/2024, restableciendo el contenido original que había sido modificado. Sin embargo, la OCB ha presentado un segundo recurso contra esta nueva normativa, que sigue su curso judicial. La decisión sobre si este segundo recurso será admitido a trámite se tomará el próximo 27 de mayo, y se espera que en esta nueva instancia el Tribunal aborde el fondo del asunto.

Llabrés ha enfatizado que el TC solo ha examinado un aspecto formal en su reciente fallo, relacionado con la autorización de regular esta temática a través de un decreto ley, favoreciendo la posición del Govern en este punto específico.

Desde la OCB, se argumenta que el TC valida los razonamientos del Govern sobre la urgencia en la exención del catalán para los profesionales de la sanidad, a pesar de que la OCB sostiene que tales argumentos son erróneos.

La OCB ha reiterado que los informes que sustentan esta exención no coinciden con la realidad del mercado laboral, citando que, en un reciente proceso de estabilización de personal sanitario, hubo más de 2,000 plazas que requerían conocimientos de catalán y un número mayor de candidatos cualificados que plazas disponibles. Por lo tanto, argumentan que no han quedado convocatorias desiertas debido a la lengua. En el caso particular de 1,277 plazas de enfermería, aseguran que todas han sido cubiertas.

Al finalizar, el presidente de la OCB ha aclarado que la revisión de la constitucionalidad de una norma simplemente indica que esta es compatible con la Constitución, sin más implicaciones. Destacó que también resulta constitucional la normativa previa que exigía el conocimiento del catalán para acceder al sistema de salud pública.

Finalmente, Llabrés ha concluido que el mejor camino sería que el Govern apoyara los derechos lingüísticos de los habitantes de las islas en vez de proceder a su menosprecio.