PALMA, 22 de noviembre.

Los grupos de la izquierda en el Parlament, conformados por el PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Unidas Podemos, han solicitado de manera urgente una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, con el objetivo de "desbloquear" y avanzar en las cruciales negociaciones referentes a la regulación de las zonas inundables.

A través de un comunicado conjunto emitido este viernes, los partidos han expresado que presentaron una propuesta destinada a revertir ciertas medidas incluidas en el decreto ley de simplificación administrativa, cuyo debate está programado para el pleno de la próxima semana. Sin embargo, han señalado que el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha optado por no responder a su propuesta, manteniendo su postura a favor de la legalización de edificaciones en áreas de riesgo.

Los representantes de la izquierda consideran que ofrecieron al Govern una oportunidad para rectificar su rumbo, sugiriendo que se detenga la legalización de construcciones en zonas vulnerables y que, de manera paralela, se restablezca la normativa anterior que prohibía tales construcciones en estas áreas.

Dada la "falta de avances" que han observado en este proceso, los partidos han instado a la líder del Ejecutivo a "asumir la responsabilidad" necesaria en las negociaciones, que deberían culminar antes del próximo martes, para asegurar la protección del territorio.

Asimismo, han hecho hincapié en las preocupaciones manifestadas por diversos colectivos ambientales y de protección del territorio, quienes advierten que la intención del Govern de modificar el decreto ha propiciado la aceleración en la presentación de expedientes de legalización de construcciones en zonas inundables.

Consecuentemente, las cuatro formaciones han pedido a la presidenta que "demuestre su compromiso" mediante acciones concretas para corregir un decreto que, según su perspectiva, incrementa tanto el riesgo actual como el futuro para los habitantes de las Islas.

La propuesta de modificación presentada por la oposición incluye la exclusión de la regulación en suelo rústico para aquellos edificios ubicados en zonas con riesgo de inundación, así como la prohibición de clasificar nuevo suelo urbanizable en estas áreas vulnerables.

Además, exigen una prohibición total de nuevas construcciones y de cambios de uso de locales comerciales para fines residenciales en zonas peligrosas, algo que actualmente permite la legislación vigente. También piden la eliminación de la posibilidad de establecer equipamientos públicos en estas áreas, así como la prohibición de cualquier actuación en edificaciones fuera de ordenación en zonas de riesgo de inundación.

"Estas son las seis medidas clave que han sido planteadas por las cuatro formaciones de izquierda, y cualquier intento de rebajar estas exigencias por parte del Govern no sería aceptable a la hora de alcanzar un acuerdo sobre un asunto que requiere de altura de miras y capacidad de consenso por parte de todos", concluyeron.