El debate sobre la regulación del alquiler de embarcaciones en Baleares ha cobrado un nuevo protagonismo, especialmente tras la reciente intervención del Partido Popular (PP) de la región. Desde sus filas, se ha cuestionado la capacidad del PSIB-PSOE para asegurar que el Ministerio de Transportes excluya a las Islas de la controvertida normativa que permitiría el arrendamiento de barcos privados durante tres meses al año.

El diputado del PP, Sebastià Mesquida, no ha dudado en expresar su desconfianza respecto a las promesas del Gobierno central, afirmando: "Ya sabemos lo que vale la palabra del Gobierno de Sánchez". En este sentido, ha instado a que la solución para la protección del entorno marino y costero depende de las acciones que presente el Govern de Marga Prohens en la reunión de la Mesa Náutica programada para mañana, donde se discutirán posibles medidas para detener la implementación de los planes del Gobierno español.

Tras un periodo de silencio, Mesquida ha criticado al PSIB por reactivarse en el panorama político, presentando compromisos que, a su entender, llegan tarde y carecen de sustancia. Ha subrayado que, según la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado, la posibilidad de alquilar embarcaciones en Baleares entrará en vigor el próximo 15 de agosto.

Asimismo, el PP ha señalado que el Govern de Prohens está en contra de esta regulación, advirtiendo que podría llevar a una "saturación" del litoral balear. Desde principios de año, han estado trabajando activamente en presentar alegaciones en contra del proyecto de real decreto que respalda esta normativa.

Mesquida ha afirmado que el PSIB, al hablar de compromisos justo después de la aprobación de la normativa, parece reconocer su tardanza y falta de acciones concretas. En su análisis, este giro del partido socialista es percibido como un esfuerzo "desesperado" por mejorar la imagen del presidente del Gobierno justo antes de su visita a las Islas Baleares.