La Fiscalía de Baleares pide a la UE que tome medidas por la denuncia contra Ureña.

En Palma, la Fiscalía de Baleares ha solicitado informar a su homóloga europea sobre el procedimiento iniciado tras la denuncia presentada por el PSIB contra el director general actual del IbSalut, Javier Ureña, en relación con la reclamación a la empresa implicada en el caso Koldo.

La denuncia presentada por el PSIB acusa a Ureña de permitir la caducidad de la reclamación del IbSalut a la empresa por la calidad de las mascarillas suministradas. Según los socialistas, el director general habría dejado expirar deliberadamente el expediente "en clara ventaja para la empresa y sus colaboradores", considerando el nuevo expediente como una "cortina de humo" una vez que se hizo pública la investigación.

Además de Ureña, la denuncia también va dirigida contra la empresa implicada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y su administrador, Íñigo Rotaeche, quien se encuentra entre los imputados en la causa en la Audiencia Nacional.

En respuesta a la apertura de diligencias previas en Baleares, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma para notificar que la Fiscalía Europea está investigando un caso relacionado con este contrato, como había adelantado el 'Diario de Mallorca'.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción solicita comunicar a Europa "la existencia del presente procedimiento judicial y su relación con el contrato" con Soluciones de Gestión en Baleares, así como con una reclamación inicial de 2,6 millones a la empresa y otra de 3,7 millones con la anulación del contrato.

Además, se pide informar a Europa, en caso de ser de su competencia, sobre cualquier "influencia o presión" a favor de Soluciones de Gestión para su contratación administrativa y posteriores expedientes.

Por otro lado, el fiscal solicita al IbSalut la documentación completa del proceso de contratación, las dos reclamaciones anteriores y cualquier otro expediente relacionado con el caso.

La controversia en torno a la caducidad del expediente se ha convertido en un tema de disputa entre el PP y el PSIB en las Islas. La resolución sobre la reclamación a la empresa establece un plazo de tres meses, que los investigados argumentan en sus conversaciones cuando aseguran que la Comunidad no seguirá con la reclamación.

Por su parte, el equipo actual del IbSalut afirma que, según la normativa, el plazo sería de ocho meses y que por lo tanto estaría dentro de plazo al conocerse el caso, atribuyendo a un "error" material la referencia a los tres meses. Sin embargo, la administración no llegó a responder a las alegaciones presentadas por la empresa en noviembre.

El caso Koldo cobró relevancia en febrero con la detención del ex asesor de José Luis Ábalos, y en marzo el IbSalut desistió de la reclamación original al considerarla inviable debido a un documento anterior que respaldaba la calidad de las mascarillas. La empresa ha presentado alegaciones al nuevo expediente abierto para anular el contrato y reclamar el importe total.

En una comparecencia en la Comisión de Salud en el Parlament, Ureña defendió que resulta "inverosímil" que el Gobierno del PP acordara dejar caducar el expediente por presiones de la trama Koldo, y tiene programada otra comparecencia el 3 de junio en la comisión de investigación del Parlament sobre este asunto.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud del Gobierno de personarse como parte perjudicada en el caso Koldo, tras presentar la Comunidad la descertificación de los fondos europeos utilizados en el contrato con la empresa investigada.

La personación permitirá al Gobierno acceder a la documentación del caso y solicitar las diligencias necesarias. Esta decisión de la Sala de lo Penal es definitiva y no puede ser apelada.