El juez Ismael Moreno, encargado del proceso conocido como 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, ha rechazado la transferencia de la causa a la Fiscalía Europea, argumentando que los delitos investigados no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea y no están directamente relacionados con los delitos de competencia de dicha Fiscalía.

En un auto obtenido por Europa Press, Moreno ha decidido no acceder a la petición de la Fiscalía Europea de asumir el caso que está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 2.

Por el contrario, el magistrado ha planteado una cuestión de competencia positiva entre su juzgado y la Fiscalía Europea ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para determinar quién es el órgano competente para llevar a cabo la investigación de los hechos, incluidos los contratos adjudicados por los servicios de salud en Baleares y Canarias que están bajo investigación por la Fiscalía Europea.

El magistrado ha enviado a la Fiscalía Europea una copia de sus actuaciones mientras resuelve el Tribunal Supremo, garantizando que se tomarán únicamente las medidas necesarias para asegurar la investigación y el proceso penal.

Moreno sostiene que los delitos investigados en su juzgado incluyen cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, así como un posible delito contra la hacienda pública, que no perjudican los intereses financieros de la Unión Europea y no están directamente relacionados con los delitos de la Fiscalía Europea.

El juez considera que su juzgado está en mejores condiciones que la Fiscalía Europea para investigar y llevar a cabo acciones legales respecto a los delitos mencionados, y destaca la competencia de la Audiencia Nacional en delitos de terrorismo y delitos internacionales.

La resolución también hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la eficacia en la investigación, considerando la cantidad de acciones realizadas por su juzgado para esclarecer los hechos en cuestión.

En relación con la petición de la Fiscalía Europea de asumir la competencia de la causa, el auto recuerda los límites establecidos por el Tribunal Supremo con respecto a esta cuestión.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado previamente al juez del 'caso Koldo' que solicitara al Tribunal Supremo que la Fiscalía Europea solo investigara lo relacionado con posibles delitos contra los intereses financieros de la UE, argumentando que hay una mayor afectación a los intereses nacionales que a los intereses de la UE en este caso específico.

Anticorrupción y la acusación popular de la asociación 'Liberum' se oponen a que la Fiscalía Europea asuma la investigación completa, enfatizando que la mayoría de los fondos afectados en este caso provienen de fondos estatales españoles y no de la UE.