El sacerdote jesuita acusado de abusos sexuales en Palma, junto a otro miembro de la orden y otro cura diocesano, ha sido apartado de la comunidad de Oviedo en la que estaba destinado tras la primera denuncia de 2021. La Compañía Jesuita en Asturias ha confirmado que el sacerdote estuvo destinado en Oviedo desde septiembre de 2016 a 2021, sin que se haya conocido ningún episodio negativo vinculado a él durante ese tiempo.

Ante la primera denuncia en 2021, presentada ante el tribunal diocesano de Mallorca, se ordenó su salida inmediata a una comunidad de la Compañía en la que se encuentra aislado. El sacerdote, conocido como F.M., trabajó en el colegio San Ignacio de Oviedo entre 2016 y 2021 y ha sido denunciado en Palma, junto a otro jesuita y un sacerdote diocesano, por presuntos abusos sexuales ocurridos en la isla durante 30 años.

La denuncia penal fue presentada en abril de 2023. En el colegio ovetense celebraba las misas más relevantes del año, en las que participaban los alumnos del centro, incluidas las celebraciones de Primera Comunión.

La Compañía de Jesús en Mallorca ha emitido un comunicado lamentando el daño ocasionado a la víctima y asegurando que conocieron la acusación en abril de 2021 a través de la denuncia de la víctima al obispado de Mallorca.

En junio de 2021 se impusieron nuevas medidas cautelares a los denunciados, que incluyen la restricción de movilidad, limitación completa de su actividad pastoral, prohibición de actividades con menores y adultos, y obligación de someterse a una evaluación psicológica. Los acusados residen en comunidades de jesuitas donde dichas medidas se puedan cumplir, según la Compañía.

Paralelamente, el provincial de España ha abierto dos procesos canónicos de investigación previa y los jesuitas quedaron bajo supervisión de sus superiores. Además, la delegada de Entorno Seguro inició un contacto con la víctima denunciante que se mantiene en la actualidad.

En relación al sacerdote diocesano, el Obispado de Mallorca ha explicado que, al tener conocimiento de los hechos, se inició una investigación que fue remitida a la Congregación de la Doctrina de la Fe de Roma, organismo competente en estos casos penales.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, impuso como medidas cautelares, teniendo en cuenta que el sacerdote no tenía ningún cargo pastoral, la prohibición del ejercicio público del sacerdocio, el seguimiento psicológico y una seria dirección espiritual.

Tras la denuncia, el tribunal diocesano trasladó el caso contra los presbíteros religiosos jesuitas a sus superiores mayores para que la congregación religiosa pudiera llevar a cabo su procedimiento, ya que el tribunal diocesano no tenía competencia para investigar a estos religiosos en esta causa.

La Congregación Romana decretó el inicio de un proceso administrativo penal para aclarar los hechos denunciados, que por diferentes causas se ha prolongado en el tiempo. Se espera la resolución judicial final de los organismos romanos, que según las noticias, es próxima.

El Obispado ha reiterado su intención de cooperar con las autoridades judiciales del Estado y proporcionar toda la información necesaria para facilitar la investigación judicial que se debe llevar a cabo.