En una declaración ante la Audiencia Provincial de Palma, un guardia civil ha defendido enérgicamente la investigación sobre presuntos sobornos a policías por parte de un empresario de la Playa de Palma, destacando la gran cantidad de testimonios que señalaban a personas específicas dentro de la Policía Local.

Este guardia civil compareció como testigo en la sexta sesión del juicio del caso Playa de Palma, una investigación que ha puesto al descubierto presunta corrupción en la Policía Local de Palma. El fiscal Anticorrupción Juan Carrau está solicitando penas de prisión de hasta 50 años para todos los acusados por delitos de prevaricación administrativa y cohecho.

En el banquillo se encuentran nueve policías locales, un funcionario del Ayuntamiento y un empresario del ocio nocturno, Miguel Pascual, acusados de participar en una trama para favorecer los locales propiedad de Pascual en el Arenal, supuestamente a cambio de servicios sexuales y trato preferencial.

El guardia civil testificó que se tomaron declaración a diversos testigos, incluyendo limpiadoras, trabajadoras sexuales, empleados, dueños de establecimientos y otros que podrían identificar a los implicados. Se les mostraron fotografías para que pudieran reconocer a las personas que habían visto.

En el interrogatorio, la Fiscalía cuestionó al guardia civil acerca de un reconocimiento fotográfico realizado por un testigo en particular, para determinar si había sido intimidado o influenciado de alguna manera, a lo que el agente negó rotundamente: "Fue una declaración normal y tranquila, y dos días después el testigo declaró en sede judicial".

En general, la investigación encontró indicios de que algunos miembros de la Policía Local estaban involucrados en negocios fuera de su labor policial, especialmente en el Arenal. Testimonios apuntaban a consumiciones gratuitas de prostitución y bebidas para los policías en los locales investigados.

La investigación se centró en individuos específicos y no en toda la Policía Local o unidades completas, relacionándolos únicamente con los negocios de Bartolomé Cursach y Miguel Pascual. Se descartó que este trato especial a la Policía fuese generalizado en las zonas de ocio.

Además, se examinaron los datos de actividad de los Grupos de Actuación Preventiva (GAP) y se descubrió que uno de ellos tenía un índice mucho más bajo que el resto. La mayoría de las actuaciones administrativas estaban relacionadas con tiqueteros en lugar de la delincuencia típica, lo cual levantó sospechas sobre un posible beneficio para ciertos empresarios.