PALMA, 15 de julio. Esta semana, empleados de los centros penitenciarios ubicados en Mallorca, Menorca e Ibiza se agruparon frente a las puertas de sus respectivas instituciones para manifestar su rechazo ante la reciente agresión sexual de la que fue víctima una psicóloga en la prisión de Sevilla II.

De acuerdo con el sindicato CSIF, esta movilización fue organizada junto a Acaip-UGT, con el propósito de mostrar apoyo a la profesional afectada y exigir la implementación urgente de medidas que garanticen la seguridad dentro del entorno penitenciario, donde la violencia parece estar en aumento.

Iván Flores, delegado sindical de CSIF en la prisión de Palma, enfatizó la importancia de enviar un claro mensaje de "tolerancia cero" hacia las agresiones a los trabajadores en estos centros, instando a la administración a que tome medidas efectivas para salvaguardar a su personal.

Los representantes sindicales advierten que el incidente en Sevilla II no es un caso aislado. "Cada 16 horas, en promedio, ocurre una agresión en los centros penitenciarios de España, superando las 1,000 incidencias en los últimos dos años", alertaron, subrayando una creciente "escalada de conflictividad" que compromete la seguridad del personal que trabaja en estas instalaciones.

En la agresión más reciente en Morón, Sevilla II, un interno con un largo historial de violencia y delitos sexuales atacó a una psicóloga durante una sesión privada. Este recluso, sorprendentemente, se encontraba alojado en un módulo considerado de respeto, según denuncian los sindicatos.

Marta Pérez, delegada de CSIF en Ibiza, subrayó la urgente necesidad de que los trabajadores sean reconocidos como agentes de la autoridad, y que se les proporcionen medidas de protección actualizadas, así como una adecuada clasificación de los internos dentro de las prisiones.

Por ello, los sindicatos han solicitado al Ministerio del Interior una "respuesta inmediata y efectiva", que incluya la revisión de la clasificación interna de los internos, la adjudicación de responsabilidades pertinentes, el establecimiento de sistemas de emergencia eficaces ante incidentes y el reconocimiento legal de los empleados penitenciarios como agentes de la autoridad.