La huelga de los funcionarios de justicia en Baleares ha tenido un seguimiento del 70%, lo que ha resultado en la suspensión de alrededor de 5.000 actuaciones judiciales en la región. Los representantes sindicales de los trabajadores están esperando por la reunión entre el comité de huelga nacional y el Ministerio de Justicia, la cual ha generado cierta prudencia y nerviosismo entre los sindicatos.

Unos 100 trabajadores se han manifestado frente a los juzgados de Sa Gerreria en Palma para exigir que se reconozcan sus reivindicaciones. Entre dichas demandas, se incluye la participación en la redacción de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, la clarificación de las funciones de los trabajadores, el reconocimiento de la carrera profesional y un aumento salarial de entre 350 y 430 euros. Los representantes sindicales han expresado su disposición a realizar concesiones si Justicia presenta una propuesta razonable.

Pablo Rodríguez, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el sector de justicia de Baleares, ha destacado la necesidad de ceder en algunas negociaciones, pero también ha subrayado la falta de claridad en la convocatoria del Ministerio de Justicia, que simplemente ha llamado a los sindicatos para "tratar asuntos relacionados con la huelga".

Javier Pérez, responsable de Justicia de UGT Baleares, ha calificado de "incertidumbre" la situación que se vive entre los funcionarios de justicia en relación con la reunión, debido a la falta de certeza sobre los interlocutores del Ministerio de Justicia y sobre si tendrá la misma voluntad negociadora que con jueces y fiscales. Los sindicatos han indicado que continuarán con la huelga en los próximos días y se manifestarán el jueves en los juzgados de la Avenida de Alemania en Palma a las 11:00 horas.