PALMA, 12 de marzo. La Audiencia Provincial de Palma ha tomado una decisión importante al exonerar al exalcalde de Sant Antoni de Portmany, José Tur, y a su exregidora de Urbanismo, Cristina María Ribas, de las acusaciones de prevaricación administrativa. Ambos enfrentaban cargos por haber bloqueado la instalación de un chiringuito en Cala Gració en el año 2018.

El fallo del tribunal, que ha sido comunicado a Europa Press, confirma que los elementos presentados durante el juicio, que tuvo lugar a principios de febrero, no fueron suficientes para socavar la presunción de inocencia de los acusados. Por lo tanto, se consideró que no existían pruebas para fundamentar el delito de prevaricación que se les imputaba.

La controversia se origina en 2017, cuando una empresa solicitó a la Demarcación de Costas el permiso necesario para utilizar un segmento de la costa pública en Cala Gració con el objetivo de montar un chiringuito desmontable. Tras el visto bueno del Ayuntamiento y del Gobierno de las Islas Baleares, la autorización fue finalmente aprobada en abril de ese año.

Sin embargo, en mayo de 2018, el Departamento de Urbanismo del municipio emitió un decreto notificando a la empresa que no podía iniciar la actividad, a pesar del permiso recibido, hasta que no se obtuviera un certificado municipal que confirmara la finalización de las obras. Esta acción se justificó como un intento de verificar si el permiso otorgado se había gestionado siguiendo los procedimientos y requisitos legales pertinentes.

Durante el proceso judicial, tanto la fiscalía como la defensa argumentaron que la decisión de paralizar el chiringuito se basó en informes que alertaban sobre irregularidades en el proyecto y cuestionaban su conformidad con lo autorizado. Estos informes, elaborados por expertos en arquitectura y supervisión municipal, indicaron que la calificación del suelo en Cala Gració como urbano era incorrecta, puesto que debía considerarse rústico y protegido, y que la empresa no había presentado la documentación técnica necesaria para la ejecución de las obras.

Por otro lado, la empresa demandante planteó que estos informes fueron elaborados de manera intencionada tras la generación de preocupación en la comunidad local, sugiriendo que se usaron como pretexto para frenar la instalación del chiringuito. Según la acusación, esto, junto con un presunto desvío de los canales administrativos establecidos, demostraría que tanto Tur como Ribas actuaron de manera arbitraria, sin respetar el marco legal correspondiente.