La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma va a celebrar el próximo martes una comparecencia previa al juicio contra siete acusados por presuntamente amañar un concurso público de playas. Entre los implicados está el exalcalde de Felanitx Gabriel Tauler, para el que la Fiscalía pide dos años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público.

Los hechos sobre los que versa el escrito del fiscal se remontan a los años 2013 y 2014, cuando tanto Tauler como el entonces concejal de playas Juan Ramón Vidal, habrían colaborado con el administrador de la empresa Marportunbeach Mallorca, también acusado, para garantizar que obtuviera la concesión para gestionar y explotar parte de las playas del municipio.

Para ello, diversos acusados intervinieron en la redacción de pliegos, falsificaron informes, ejercieron presiones indebidas y redujeron al mínimo legal el tiempo de presentación de ofertas. También se beneficiaron irregularmente del asesoramiento técnico de una persona ajena al Ayuntamiento que redactó los pliegos para favorecer a Marportunbeach Mallorca. Además, el propietario de la empresa estrelló intencionadamente un coche contra un establecimiento de otra empresa licitante para coaccionarle.

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa, de fraude a la administración, de revelación de secretos por funcionario, de aprovechamiento de secretos por particular y de coacciones. Pide para el exalcalde Gabriel Tauler la inhabilitación especial para ejercer cargo público y del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de 20 años por prevaricación administrativa y fraude. Además, solicita dos años de cárcel por el delito de fraude.

El concejal por aquel entonces, por los delitos de prevaricación, fraude y revelación de secretos, debe enfrentarse a cuatro años de cárcel y 23 años de inhabilitación. El empresario, por su parte, también necesita responder por los delitos de prevaricación, fraude y uso de información secreta, enfrentando cuatro años de cárcel e inhabilitación de nueve años para ejercer cargo público e inhabilitación para obtener beneficios o incentivos fiscales durante 12 años y medio.

El secretario del Ayuntamiento podría recibir dos años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público por prevaricación y fraude. El contratado verbalmente podría ser condenado a una pena de dos años de cárcel, a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público y a cuatro años y medio de inhabilitación para gozar de beneficios fiscales. El fiscal solicita dos años de cárcel y que el último acusado indemnice a la empresa contra la que estrelló intencionadamente un coche en la cantidad que se determine por los daños ocasionados.