24h Baleares.

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Empresario de Playa de Palma se niega a declarar por presuntos sobornos a policías.

Empresario de Playa de Palma se niega a declarar por presuntos sobornos a policías.

Un subinspector de la Patrulla Verde rechaza cualquier acusación de dar trato preferencial al empresario

PALMA, 8 Abr.

El empresario Miguel Pascual ha decidido no declarar este lunes en el juicio por la presunta trama de corrupción policial en la Playa de Palma, conocida como caso Pabisa.

La audiencia ha comenzado por la mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, donde nueve policías locales, un funcionario del Ayuntamiento y el empresario del ocio nocturno se enfrentan a acusaciones del fiscal Anticorrupción Juan Carrau por presuntamente colaborar para favorecer los locales propiedad de Pascual en el Arenal a cambio de servicios sexuales y favoritismos.

El fiscal solicita penas de cárcel de hasta 50 años por varios delitos de prevaricación administrativa y cohecho, en una de las ramas de la investigación sobre la corrupción de la Policía Local de Palma.

La sesión ha empezado con la discusión de cuestiones previas. Las defensas han pedido levantar el anonimato de algunos testigos protegidos, petición que ha sido rechazada por el Tribunal.

Los abogados también han señalado la falta de claridad en el escrito del fiscal, cuestiones que serán resueltas en la sentencia junto con otros aspectos previos.

Acto seguido, se han llevado a cabo los interrogatorios a los acusados, comenzando por el empresario, quien ha decidido no responder a preguntas ni del fiscal ni de su representante legal. Luego, un subinspector de la Patrulla Verde ha negado rotundamente cualquier trato de favor a los negocios de Pascual.

Los hechos investigados se habrían producido entre 2007 y 2015, centrándose en si existían avisos previos de inspecciones a los locales de Pascual, si había una orden de trato preferencial por parte del funcionario encargado de las licencias, y si algunos agentes aseguraban los locales para evitar la contratación de seguridad privada.

Según la acusación, el empresario habría ofrecido servicios sexuales gratuitos y consumiciones a los demás acusados a cambio de ser avisado de las inspecciones, permitiéndoles evadir posibles irregularidades en sus locales.

Además, se sostiene que el empresario ordenaba a sus empleados brindar un trato especial al funcionario acusado, quien intervenía en expedientes relacionados con los negocios del empresario.

El fiscal también afirma que varios oficiales daban instrucciones a agentes para que se apostaran en los locales del empresario y así evitar la necesidad de contratar seguridad privada, lo que generó quejas de agentes de la Policía Local de Palma.

El empresario enfrenta una pena de cinco años de prisión y multa de 60.000 euros por cohecho activo continuado, mientras que uno de los subinspectores se enfrenta a diez años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada, cuatro años y medio de cárcel por cohecho pasivo y multa de 48.000 euros.

Los demás agentes y oficiales, así como el funcionario municipal, también se enfrentan a penas de cárcel y multas por cohecho pasivo continuado.