PALMA, 14 de julio. La preocupación crece entre los profesionales de los centros penitenciarios de las Islas Baleares, que se unirán en una manifestación este martes en respuesta a la brutal agresión sufrida por una psicóloga en la prisión de Sevilla.

Organizada por los sindicatos CSIF y Acaib-UGT, la congregación en Palma comenzará a las 10:30 horas frente a las instalaciones del centro penitenciario. Simultáneamente, trabajadores de las prisiones de Ibiza y Menorca también se manifestarán para expresar su indignación.

Esta movilización es parte de una serie de protestas que se extenderán a lo largo de todos los centros de detención bajo la égida de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, después de que el 8 de julio una psicóloga del Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón) sufriera una agresión física y sexual por parte de un recluso durante una sesión de terapia.

Los representantes sindicales han subrayado que lo sucedido en Sevilla no es un caso aislado, alertando que en los últimos años ha habido un alarmante aumento en las agresiones físicas y sexuales hacia el personal penitenciario, lo que requiere una respuesta urgente de las autoridades.

Estadísticas recientes revelan que en el sistema penitenciario español ocurre, en promedio, una agresión cada 16 horas, sumando más de mil incidentes en un periodo de dos años, según lo expresado en un comunicado conjunto.

Las organizaciones convocantes exigen una acción decisiva e inmediata de la administración, incluyendo una revisión de la clasificación de los internos, el establecimiento de protocolos de emergencia eficaces y el reconocimiento oficial del estatus de autoridad de los trabajadores penitenciarios.

Asimismo, critican la actual clasificación interna, acusándola de ser “buenista” y más enfocada en proporcionar una imagen positiva que en abordar los retos reales del sistema penitenciario, que se enfrenta a un incremento de la población reclusa y un correspondiente deterioro de su infraestructura.

“Aceptar esta situación es normalizar la violencia institucional y atentar contra el derecho a un entorno laboral seguro”, concluyeron las organizaciones sindicales en su declaración.