En Palma, el 23 de enero, el sindicato STEI Intersindical ha hecho un llamado urgente al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para que se lleve a cabo la ejecución forzosa de una sentencia que obliga al Govern balear a saldar una deuda pendiente con los empleados de la administración pública. Esta deuda surge de la falta de aplicación de las subidas salariales durante el periodo crítico de la pandemia.

La solicitud del sindicato llega tres meses después de que la sentencia, que establece un aumento del 2,9 por ciento, fuera declarada firme. Sin embargo, según el comunicado emitido por STEI, el Govern no ha tomado ninguna medida concreta para cumplir con esta obligación, lo que ha generado una creciente preocupación entre los trabajadores afectados.

La suma total adeudada asciende a aproximadamente 150 millones de euros. Además, se debe añadir un incremento de dos puntos en el interés legal del dinero, tal como lo establece el artículo 106.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Miquel Gelabert, secretario general del STEI Intersindical, ha denunciado la “inacción” del Ejecutivo balear, lo que ha llevado al sindicato a solicitar la ejecución forzosa de la sentencia. “La deuda no es con STEI, es con más de 40.000 trabajadores del sector público”, enfatizó Gelabert, subrayando la importancia de este compromiso con los empleados públicos.

El sindicato ha manifestado que, desde que la sentencia fue ratificada, las diferentes entidades del Govern, incluyendo la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, así como la Dirección General de Presupuestos y Financiación y la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, no se han puesto en contacto para discutir un posible acuerdo para la ejecución de los pagos requeridos por la sentencia.

Desde la organización laboral, consideran que la falta de acción por parte de la Administración es una “irresponsabilidad”, sobre todo porque la deuda no solo permanece sin resolver, sino que sigue acumulando intereses legales.

Gelabert criticó que no ha habido ninguna convocatoria para la mesa de empleados públicos y señaló que el sindicato estaba dispuesto a acordar un calendario de ejecución para la sentencia, que estaría vinculado a una compensación por residencia comparable con la que se aplica en Canarias.

Sin embargo, el sindicato se ha visto decepcionado tras recibir en diciembre la comunicación de la Administración donde se renunciaba a esta compensación equiparada con el archipiélago canario. “Debemos proteger la deuda que el gobierno mantiene con más de 40.000 empleados públicos”, afirmó Gelabert, reiterando su postura ante esta situación.

Desde STEI han expresado que lo que el Govern debería haber hecho para evitar el aumento de la deuda es actualizar las nóminas de enero de este año con el incremento del 2,9 por ciento, algo que, según los representantes sindicales, no ha sucedido.

Además, criticaron que el compromiso del Govern para aumentar las nóminas en un 2,9 por ciento y así frenar la acumulación de deuda no se ha cumplido, lo que resulta en que las nóminas permanecen sin cambios. Para el sindicato, esta situación muestra una “falta de diligencia y responsabilidad” por parte de las autoridades.

Es importante destacar que la sentencia que establece el aumento del 2,9 por ciento es el resultado de una demanda interpuesta contra los recortes salariales aplicados desde 2020 por el Govern a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma. El tribunal aceptó parcialmente la demanda del STEI en junio de 2024, indicando que en 2021 no existía justificación presupuestaria para llevar a cabo tales recortes.