El panorama político de Mallorca ha dado un giro significativo tras las críticas de MÉS per Mallorca al Partido Popular (PP), al que acusan de alinearse con Vox en el rechazo a un proyecto de ley que buscaba implementar un impuesto para los vehículos de alquiler. Este martes, la votación para considerar la ley propuesta por los ecosoberanistas terminó con 21 votos a favor y 30 en contra, lo que evidencia una clara falta de apoyo por parte del PP, que dejó en suspenso su posición hasta el último momento.

La ausencia de Manuela Cañadas, portavoz del PP en el Parlamento balear, quien previamente había calificado de "incoherente" un voto favorable a esta propuesta, suscitó críticas entre los opositores. Ferran Rosa, diputado de MÉS, no dudó en manifestar que el PP ha priorizado su interés político sobre el bienestar de los ciudadanos, afirmando: "Cada vez que se han visto presionados por Vox, han cedido. La comodidad de su posición política ha tomado precedence sobre las necesidades de los residentes".

Llorenç Pou, diputado del PSIB, también expresó su descontento, declarando que la coalición PP-Vox está renunciando a la sostenibilidad y, por ende, a un futuro más responsable y ecológico. En una elaborada metáfora, sugirió que los vínculos de estos partidos han transformado su sede habitual en un nuevo espacio en Madrid, insinuando que han perdido su conexión con las realidades locales.

A pesar de haber mantenido diálogos previos, el PP finalmente desestimó el proyecto de ley, calificándolo como un movimiento "oportunista" e "inmaduro". La diputada popular, Lourdes Cardona, defiende que el enfoque que actualmente maneja el gobierno autonómico es más adecuado y abarcador, en último término restando valor a las ideas de MÉS.

Desde la perspectiva de MÉS, las acusaciones de oportunismo fueron rechazadas, señalando que el verdadero obstáculo es la falta de voluntad del PP para avanzar con políticas que beneficien a la comunidad. Rosa destacó la incongruencia de la postura del PP, enfatizando que, tras mostrar intenciones de abordar problemas de saturación turística, han dejado de lado cualquier propuesta que no se ajuste a la agenda de Vox.

En otro contexto, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, recordó cómo en su momento se discutieron alternativas al impuesto en un documento de consenso, que lamentablemente no despertó el entusiasmo deseado entre las empresas del sector. Joana Gomila de Més per Menorca también mostró su apoyo a la idea de un impuesto, considerando que podría mitigar los daños causados por el turismo masivo, aunque sugirió que es fundamental abordar la limitación del número de vehículos en circulación.

Desde el bando de Vox, Sergio Rodríguez se opuso a la iniciativa argumentando que se trata de un mero esquema recaudatorio, al tiempo que defendió el acuerdo alcanzado con el PP para lanzar un nuevo decreto turístico que contemple medidas efectivas. En su defensa del trabajo conjunto, hizo hincapié en que ambos partidos están más legitimados para gobernar que aquellos que han propuesto el impuesto.

Rodríguez también sugirió que el desarrollo de infraestructuras desde la mitad del siglo XX es una clave para hacer frente a la saturación turística. Mencionó varios proyectos viales, enfatizando que se están realizando esfuerzos para mejorar la situación, aunque desde el sector ecosoberanista se cuestiona la efectividad de tales soluciones.

La propuesta de MÉS para un impuesto a los coches de alquiler implicaba un sistema de gravamen dual: una tarifa fija por días de alquiler y una variable en función de los kilómetros recorridos. A pesar de que Rosa reconoce que este impuesto no es la solución definitiva a la saturación, considera que es un paso necesario hacia la mitigación de un problema que está volviendo insostenible la convivencia en la isla.