PALMA, 24 de octubre. La situación migratoria en las Baleares ha llevado al Partido Popular (PP) a presentar una proposición no de ley en el Parlament, donde demanda al Gobierno de España que exija a la Unión Europea la activación permanente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex. Este llamado busca hacer frente a la creciente llegada de migrantes al archipiélago.

La iniciativa del PP se produce en un contexto crítico, ya que en lo que va del año más de 6.100 inmigrantes irregulares han alcanzado las costas baleares. La formación política cuestiona las declaraciones del delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, quien había afirmado que Frontex estaba operando en la región. Esta afirmación fue desmentida por el propio portavoz de la agencia.

Desde el PP, se ha resaltado la presión que enfrentan los servicios asistenciales de los consells insulares, que han visto incrementada su carga en un 1.000% debido a la llegada de menores migrantes no acompañados. Este retorno de responsabilidades ha generado un clamor por parte de la administración local para que tanto el Estado como la UE adopten medidas urgentes y eficaz.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también ha sido proactiva en este tema, solicitando la activación de Frontex directamente al comisario de Interior de la UE, Magnus Brunner, enfatizando que la situación requiere una respuesta rápida del Gobierno español, que en su opinión, no ha tomado la urgencia del asunto con la seriedad que merece.

Adicionalmente, el PP ha presentado otra propuesta para instar a la Comisión Europea a que en el nuevo Pacto por el Mediterráneo se consideren las particularidades de las islas, solicitando medidas específicas para abordar los desafíos que enfrentan las regiones insulares.

Durante su intervención, la diputada popular Cristina Gil ha expresado su decepción ante las declaraciones del delegado del Gobierno, recordando que no se debe confundir un vuelo ocasional con una presencia operativa permanente de Frontex. Según ella, tanto el presidente Pedro Sánchez como su delegado en Baleares deberían asumir un papel más activo y responsable en la lucha contra las redes de tráfico de personas.

Gil ha hecho hincapié en la necesidad de que Europa reconozca el impacto de la insularidad en regiones como Baleares, donde los desafíos económicos y sociales se ven acentuados por esta condición. Ha insistido en que se requieren compensaciones adecuadas, financiamiento europeo adaptado a la realidad insular y un compromiso firme con infraestructuras esenciales que puedan mitigar los efectos del cambio climático.