El Impuesto de Turismo Sostenible: ¿Para quién realmente se invierte?
¿Sabías que el dinero que pagas en turismo en Baleares no siempre se usa para lo que la gente pide? El Impuesto de Turismo Sostenible, que debería proteger nuestro territorio y mejorar la vida local, cada vez se destina más a potenciar el crecimiento y la competitividad del sector turístico.
Un estudio reciente revela que desde 2016, la mayoría de las inversiones públicas con este impuesto se han centrado en infraestructuras, digitalización y promoción turística. Mientras tanto, las demandas ciudadanas de limitar el turismo, redistribuir la riqueza y proteger el medio ambiente parecen quedar en segundo plano. En 2023, incluso se eliminaron fondos destinados a vivienda pública, agravando la brecha entre lo que la gente necesita y lo que se financia.
Esto tiene graves consecuencias para quienes vivimos aquí. La sensación de que el dinero público no va a solucionar los problemas reales, como el acceso a una vivienda digna o la protección de nuestros espacios naturales, crece. Además, se refuerza la idea de que el turismo no se regula ni limita, sino que siempre se busca hacerlo más grande y más competitivo, sin pensar en las cargas que eso significa para la comunidad.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante esto? Es fundamental exigir transparencia en cómo se gestionan estos fondos y que las inversiones respondan a las necesidades reales de la gente y del territorio. La participación ciudadana y una gestión basada en límites ecológicos deben ser prioritarias para que el impuesto deje de ser una herramienta que favorece el crecimiento sin control.
Si seguimos así, el riesgo es que el dinero público termine reforzando el mismo modelo de siempre, sin cambios reales. La clave está en que los afectados nos unamos para exigir que las decisiones se tomen pensando en nuestro bienestar, en el cuidado del entorno y en una distribución más justa de los beneficios.
Ahora, lo que pasa es que la responsabilidad recae en todos: ciudadanos, asociaciones y políticos. Solo con una gestión más participativa y con objetivos claros en límites ecológicos y justicia social, podremos cambiar el rumbo y convertir el impuesto en una herramienta que realmente proteja nuestro hogar.