El Govern destina 161 millones de euros para mitigar el impacto de la guerra en Irán.

El Govern de las Islas Baleares ha tomado la iniciativa de destinar aproximadamente 161 millones de euros para apoyar a los sectores económicos locales que podrían verse impactados por el conflicto en Irán y la inestabilidad en Oriente Próximo. Esta medida tiene como finalidad fundamental proteger a las empresas, preservar el empleo y evitar el aumento de los costos para los ciudadanos.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció este paquete de apoyo tras una reunión que reunió a varios consellers, representantes de los Consells insulares, autoridades locales y agentes sociales, reflejando un enfoque colaborativo en momentos de crisis.

Dicho paquete se estructura en cinco áreas clave, que abarcan desde el apoyo financiero hasta medidas directas y transformaciones estructurales. En el primer bloque, se pondrá en marcha un mecanismo significativo de respaldo a la liquidez de las empresas y autónomos, movilizando 75 millones de euros en créditos a través de la entidad financiera ISBA.

Estas líneas de crédito incluyen una importante aportación pública que cubre el 100% del costo de los avales y el 90% de los intereses, con el propósito de facilitar el acceso al crédito en un entorno marcado por la incertidumbre y la subida de costos.

En un segundo frente, se han previsto 36,75 millones de euros en ayudas directas a los sectores más perjudicados. De esta cifra, 13,5 millones se destinarán al sector primario, con el fin de compensar los sobrecostes en áreas críticas como el gasóleo agrario, la alimentación del ganado y fertilizantes, así como fomentar las inversiones en productos locales.

Además, se otorgarán 9,75 millones de euros específicamente para el sector del transporte, que abarcan ayudas para el traslado de mercancías, el transporte discrecional y los taxis, así como el desguace de vehículos, una reivindicación importante para el sector.

Otro componente significativo del paquete son los 13,5 millones de euros destinados a la industria, la construcción y el comercio, que servirán para aliviar los sobrecostes en el transporte y las materias primas, apoyar a las empresas exportadoras y lanzar una nueva convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y de alimentación.

El tercer bloque de medidas está diseñado para simplificar la tramitación de estas ayudas, introduciendo cambios normativos que reduzcan la carga administrativa y programas temporales que amplíen los equipos de gestión mediante la incorporación de más personal público, con el fin de acelerar los tiempos de respuesta.

En cuanto a las medidas fiscales, que se estiman en un impacto de cuatro millones de euros, se reinstaurará la deducción autonómica en el IRPF para aliviar el impacto de la subida de las hipotecas a tipo variable, aliviando la carga financiera de muchas familias. Asimismo, se propondrá una bonificación del 50% en las tasas portuarias para empresas de servicios, mientras que los pescadores profesionales recibirán una bonificación del 100%, inicialmente válida hasta el 30 de junio, con posible extensión hasta el 30 de septiembre.

Por último, la propuesta contempla la asignación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obras públicas y servicios, buscando ajustar estos a las nuevas condiciones de mercado y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones en este contexto de crecimiento de costos.