Las conversaciones para aumentar el plus de insularidad de los empleados públicos del Estado están progresando de manera favorable, según declaraciones recientes.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha desmentido la idea de que haya escasez de policías o guardias civiles, asegurando que las viviendas para estos agentes en Ibiza estarán disponibles en un plazo de cuatro años.

PALMA, 10 de agosto.

En cuanto a la gestión de los aeropuertos de Baleares, el Gobierno ha excluido la posibilidad de cogestión con el Ejecutivo autonómico. Rodríguez considera que culpar a las infraestructuras de Aena por la congestión turística es una "trampa sutil".

En una entrevista con Europa Press, el delegado manifestó que las demandas del Govern parecen insinuar que el Ejecutivo central es el único responsable de la saturación turística en la región.

Rodríguez afirmó: "La impresión que tengo es que las críticas hacia Aena y estas solicitudes intentan desviar la culpa de la problemática de la masificación hacia el Gobierno de Pedro Sánchez".

El propio Sánchez, tras su reunión con la presidenta autonómica, Marga Prohens, dejó entrever que la posibilidad de compartir la gestión aeroportuaria es poco probable, a pesar del consenso que existe en el archipiélago sobre este asunto.

"No he mencionado cogestión", aclaró Sánchez ante una pregunta de la prensa. Rodríguez, a su vez, explicó que el presidente dejó claro que esta opción no estaba en consideración.

El delegado insinuó, además, que la búsqueda de cogestión por parte del Govern podría tener como objetivo señalar a los aeropuertos como responsables de la masificación turística, lo que parecería una táctica de control de los flujos de visitantes.

Rodríguez criticó a Prohens por socializar el problema sin proponer soluciones efectivas. Sugirió que el Gobierno autonómico debería frenar el crecimiento de la oferta turística.

A su juicio, esto no está ocurriendo con un Pacto por la Sostenibilidad que "deviene superficial", un decreto que permite 90.000 plazas de alquiler vacacional, y una legislación sobre el suelo que amenaza la disponibilidad de viviendas de protección oficial y favorecerá a los constructores.

Sin embargo, el presidente ha estado dispuesto a fortalecer los comités de coordinación con Baleares para facilitar su participación en decisiones sobre la gestión de aeropuertos.

Rodríguez argumentó que este espacio permite dialogar sobre propuestas y analizarlas con datos concretos, como la propuesta del Govern de limitar el número de slots, es decir, los permisos de despegue y aterrizaje para las aerolíneas.

En relación con esto, hizo un llamado a considerar las consecuencias de tal medida, ya que una reducción drástica en la capacidad de asientos podría encarecer los precios y dificultar los viajes para los residentes. "Es fundamental estudiar cuidadosamente el impacto de estas decisiones", afirmó.

El delegado subrayó la importancia de controlar la creciente demanda, advirtiendo que la capacidad del territorio es limitada y no debe ser sobrepasada. "No debemos caer en la trampa de atribuir la culpa de la masificación turística únicamente a las puertas de entrada", concluyó.

Después del acuerdo del Govern con los sindicatos para aumentar el plus de insularidad de los empleados autonómicos, los representantes de la administración estatal han intensificado sus demandas para evitar ser vistos como desiguales.

Rodríguez ha destacado su compromiso de revisar la indemnización por residencia a funcionarios en varias reuniones con la plataforma Insularidad Digna y diferentes sindicatos.

"Hemos puesto esta solicitud sobre la mesa en diversas ocasiones con varios ministerios, apoyándonos en cifras que consideramos pueden ayudar a dignificar y fidelizar el empleo público en Baleares", aseguró.

El resultado de estas negociaciones ha sido positivo, aunque aún no se ha cerrado ningún acuerdo. "Las conversaciones sobre el presupuesto de 2026 han comenzado y esperamos que se contemple un aumento para los empleados públicos en Baleares", explicó.

Uno de los grupos más afectados por las dificultades de vivir en las Baleares es el de los cuerpos de seguridad, para quienes se están desarrollando proyectos de viviendas específicas.

Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil han denunciado la falta de efectivos, pero Rodríguez ha refutado estas afirmaciones, argumentando que el número de agentes ha aumentado desde la llegada de Pedro Sánchez al poder.

Precisó que la pérdida de más de 13,000 efectivos ocurrió durante la administración de Rajoy, y que desde entonces se ha recuperado un saldo positivo con más de 15,000 nuevos integrantes en las fuerzas de seguridad.

Rodríguez mencionó la reciente incorporación de 79 nuevos policías, lo que representa un aumento del 4% en la plantilla, y anticipó un incremento adicional en la Guardia Civil a finales de septiembre.

"La población de Baleares ha crecido casi un 20% en los últimos 15 años, por lo que es vital ajustar las plantillas. El Gobierno continuará incrementándolas año tras año", enfatizó.

En cuanto a la construcción de viviendas para policías y guardias civiles en Ibiza y Santa Eulària, el delegado afirmó que se clasificarán como infraestructuras "urgentes" y estarán listas en un período máximo de cuatro años.

Rodríguez expresó su sorpresa por la falta de aplicación de la ley estatal de vivienda por parte de Prohens, que podría limitar los precios del alquiler y abordar la crisis habitacional en las Baleares.

"Otros municipios, como A Coruña, bajo un gobierno del PP, ya lo están implementando. ¿Por qué no lo hacemos aquí? La razón es incomprensible", cuestionó.

Esta negativa, según Rodríguez, muestra que la presidenta está priorizando los intereses del PP sobre las necesidades de la comunidad balear.

Por otro lado, la estrategia del Govern para enfrentar la crisis de vivienda incluye la promoción de una ley para la obtención de suelo, que permitirá construir alrededor de 20,000 viviendas en Palma. Ante la posibilidad de que estas diferencias entre administraciones generen un bloqueo, Rodríguez hizo un llamamiento a la cooperación."Lograr un consenso para resolver el problema de la vivienda debería ser nuestra prioridad, facilitando el acceso a quien realmente lo necesita y no generando oportunidades de negocio para promotores", concluyó.