El GOB, una prominente organización ecologista, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea en relación con las recientes leyes sobre adquisición de terrenos y la simplificación administrativa aprobadas por el Gobierno de Baleares. Según la entidad, estas normativas infringen el derecho ambiental europeo y la directiva marco del agua.

Este acto administrativo fue dado a conocer por representantes de la organización durante una conferencia de prensa celebrada este viernes. La denuncia fue registrada a principios de esta semana y apunta tanto al Gobierno balear como al Estado español por su implicación en este asunto.

La acción judicial se suma a la ofensiva que el GOB ha venido llevando a cabo contra las iniciativas del Ejecutivo de Marga Prohens, que, según afirman, constituyen un ataque a la integridad territorial de la región.

En los meses previos, el GOB ha desarrollado dos recursos ante el Tribunal Constitucional y ha formulado una queja al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), asesor de la Unesco, en relación a la protección de la Serra de Tramuntana.

La portavoz del área de Territorio, Margalida Ramis, destacó que esta denuncia representa un "último empujón" con firmeza y determinación para hacer frente a estas legislaciones. Indicó que muchos de los argumentos presentados ante la Comisión Europea son similares a los expuestos en los recursos de inconstitucionalidad, pero adaptados a las normas comunitarias sobre la protección del agua.

Ramis enfatizó la importancia de esta denuncia como un recurso estratégico vital en la lucha contra la crisis climática. "Es un error monumental promover un desarrollo urbano sin garantizar el acceso a agua", señaló.

La ecologista confía en que la Comisión Europea responderá con sanciones tanto al Estado como a la comunidad autonómica, ya que son responsables de asegurar el respeto a las normativas ambientales que han sido transpuestas.

“¿Qué puede suceder ahora? La UE podría abrir un procedimiento que, aunque dure aproximadamente un año, representará una oportunidad para el diálogo, donde seguramente se requerirá información adicional que podría llevar incluso a sanciones”, agregó.

En el mismo sentido, la jurista y miembro de la junta del GOB, Francisca Mas, reiteró la urgencia de proteger los recursos hídricos y criticó la postura del Gobierno, al considerarla parte de una "carrera suicida".

Según Mas, “se priorizan las ganancias y la especulación sobre la preservación de la vida. Aunque se argumenta que hay un acuciante problema de vivienda, existen miles de viviendas vacías. Esta lógica legislativa está profundamente equivocada”.

Las representantes del GOB han centrado su atención en la violación de las leyes europeas y estatales en materia de agua, al permitir desarrollos residenciales sin garantizar que los recursos hídricos sean suficientes.

Además, han subrayado que se está transgrediendo la normativa que exige una evaluación ambiental estratégica para cada proyecto antes de avanzar con nuevos desarrollos urbanos.

Los ecologistas también se han quejado de que estas leyes “eliminan o disminuyen” los informes necesarios, favoreciendo proyectos residenciales estratégicos — un tipo de normativa introducida por la ley de obtención de suelo — sobre los planes urbanos y territoriales existentes.

La "desactivación de la participación ciudadana" a través de procedimientos de urgencia que ignoran el Convenio de Aarhus y otras directivas europeas ha sido otro de los puntos críticos mencionados, así como la legalización automática a través del silencio administrativo, que socava el acceso a la justicia ambiental y perpetúa la opacidad y la inseguridad jurídica.

Ramis hizo hincapié en que los efectos de estas presuntas infracciones no serán visibles de inmediato, lo que las convierte en una amenaza aún mayor "debido a la falta de una reacción popular inmediata".

Por su parte, Xisca Mesquida, portavoz del área de Conservación Marina del GOB, alertó sobre los riesgos que estas nuevas leyes representan para la flora y fauna, así como para los espacios protegidos.

Un ejemplo alarmante que presentó fue la posibilidad de permitir construcciones en suelos rústicos "sin evaluación ambiental", lo cual podría resultar en edificaciones cercanas a áreas protegidas sin evaluación del impacto sobre especies en peligro.

“Estas acciones contravienen la directiva sobre hábitats, que es fundamental en el derecho ambiental europeo y exige a los estados que evalúen cualquier proyecto que afecte a espacios naturales dentro de la red Natura 2000”, enfatizó Mesquida.

Finalmente, pronosticó que, dada la crítica situación ambiental de Baleares, “muchas especies podrían verse amenazadas tanto a corto como a largo plazo”.