El Ayuntamiento de Palma ha dado a conocer su intención de implementar la gratitud en el servicio de la EMT para el año 2026, con la condición de que el Gobierno central asuma el costo de esta medida, así como se solicita la financiación correspondiente para el 2025. Esta información fue revelada por Antoni Deudero, teniente de alcalde y regidor de Movilidad, durante una sesión plenaria ante la propuesta del PSIB que busca asegurar la continuidad de la gratuidad en el transporte público local.

Deudero destacó que, aunque existe una "previsible pero no probable", forma de mantener esta gratuidad bajo financiación estatal, las proyecciones económicas de la EMT fueron configuradas tomando como referencia los años en los que esta política ha estado vigente. Esto se hace para garantizar que los servicios no se vean afectados en caso de que el apoyo financiero no se materialice.

A pesar de las declaraciones del regidor, las fuerzas políticas del PP y Vox votaron en contra de la moción presentada por el PSIB, argumentando que la solicitud de fondos debería dirigirse al Gobierno español y no a las administraciones locales o autonómicas. Deudero aclaró que, hasta ahora, era el Ayuntamiento de Palma y el Govern quienes habían financiado la gratuidad del transporte público en las Islas Baleares, y para evitar confusiones, es esencial incluir esta medida en el presupuesto.

Por su parte, el regidor del PSIB, Francesc Dalmau, pidió que el Ayuntamiento tome una postura clara respecto a la gratuidad del transporte, sugiriendo que se utilicen remanentes del Consistorio, generados por lo que él considera una "baja ejecución presupuestaria", o que esta carga sea asumida por el Govern, que ha destinado 21 millones a un "plan de segregación de lengua".

Dalmau subrayó que la implementación de la gratuidad es, en esencia, una cuestión de "voluntad política". También solicitó la convocatoria del Consejo de la EMT para discutir la adquisición de nuevos autobuses, advirtiendo que diariamente hay un déficit de vehículos disponibles debido a problemas mecánicos que impiden que 10 o 15 conductores puedan operar.

Desde Vox, la regidora Sara Cerdó cuestionó la lógica de proponer un transporte gratuito sin antes asegurar la mejora del servicio de la EMT, lo que, según ella, sería "poner el carro delante de los bueyes". Cerdó argumentó que su partido se enfoca en medidas "realistas" y que para tener una red de transporte público eficaz, se requieren ingresos adecuados.

En un intercambio más técnico, el regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, recordó que la EMT ha facilitado 20 millones de viajes al año, lo que tiene un impacto positivo al evitar un mayor uso del automóvil. Resaltó que la gratuidad supone un alivio considerable para muchos ciudadanos especialmente en un contexto de incremento del costo de la vida, aunque ratificó la necesidad de un compromiso estatal para cubrir esta medida.

Finalmente, la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, argumentó que la calidad del servicio y la gratuidad "pueden coexistir", señalando que la EMT no mostraba una superioridad en el servicio antes de implementar la gratuidad. En este contexto, hizo un llamado a fomentar el uso del transporte público, enfatizando que quienes más dependen de él son los trabajadores con menos opciones de movilidad.