PALMA, 18 de marzo.

La Justicia ha concedido un plazo de dos meses al Consell de Mallorca para completar el proceso sancionador y cerrar de manera definitiva el Botel Alcudiamar, ubicado en el Puerto de Alcúdia.

En un comunicado emitido este martes, el GOB, una organización ambientalista que había presentado un recurso inicialmente contra este hotel, ha dado a conocer la reciente decisión judicial. Sin embargo, esta resolución no descarta la posibilidad de que las instalaciones sean reutilizadas para actividades para las cuales sí poseen los permisos correspondientes.

El GOB ha destacado que el Botel Alcudiamar carece de la licencia necesaria para operar como un hotel-apartamento de cuatro estrellas. La única autorización que recibió en octubre del año 2000 por parte del Ayuntamiento de Alcúdia era exclusiva para funcionar como escuela de vela y ofrecer alojamiento a los navegantes.

Las acciones del GOB, así como las de la Plataforma Salvem el Moll, llevaron a presentar un recurso contra la Conselleria de Turismo. En julio de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) anuló la autorización previa otorgada por el Govern.

Luego de esto, tanto la Abogacía de Baleares como la empresa Alcudiamar interpusieron recursos de casación ante el TSJIB y el Tribunal Supremo; sin embargo, ambos fueron rechazados a lo largo de 2023.

La decisión del TSJIB se volvió definitiva y se exigió a la Conselleria que interrumpiera y clausurara las actividades que la empresa había estado llevando a cabo sin los permisos necesarios.

A pesar de esta situación, y debido a la transferencia de competencias en materia turística del Govern al Consell de Mallorca, el GOB presentó en el año anterior los requerimientos pertinentes para que se ejecutara la sentencia a nivel insular.

Según el GOB, el Consell notificó a la Justicia que había comenzado el expediente sancionador contra Alcudiamar y que se había ordenado la paralización temporal y el cierre del hotel-apartamento.

En febrero, la empresa presentó un nuevo recurso de reposición, recibiendo respuesta el 11 de marzo. Finalmente, el tribunal ha establecido un plazo de dos meses para que el Consell complete el expediente sancionador y cierre de manera definitiva las operaciones turísticas del establecimiento.

Es importante señalar que la conclusión de este proceso no impide que las instalaciones sean utilizadas para los fines para los cuales cuentan con la debida autorización.