Dos jóvenes denuncian presiones de la Guardia Civil tras su detención por vandalismo en Santa Maria

Dos jóvenes investigadas por destrozar cinco inmobiliarias en Santa Maria aseguran que los agentes las presionaron para que confesaran. Lo dijeron este martes ante el juzgado de Instrucción número 12 de Palma.

Las dos chicas fueron arrestadas el 15 de julio. Entonces decidieron no declarar ni en la Guardia Civil ni en el juzgado, y acabaron en libertad. Ahora, con su abogado, Josep de Luis, han querido dar su versión ante el juez.

Según su relato, no pudieron hablar en privado con un letrado tras la detención. Lo hicieron con agentes presentes y a través de un teléfono con manos libres. Además, afirman que les pidieron entregar prendas de ropa para comprobar si habían participado, bajo la amenaza de registrar sus casas o alargar la detención.

La defensa cree que todo esto podría llevar a anular la actuación policial y archivar el caso, porque hablan de una posible vulneración de derechos. También cuestiona las grabaciones de las cámaras de seguridad, ya que no solo enfocan la fachada de los locales, sino gran parte de la calle.

¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? Que un proceso judicial puede depender de cómo se hace una detención. Si los agentes actúan fuera de las reglas, una investigación entera puede venirse abajo. Y lo mismo vale para cualquiera que se vea en comisaría: tiene derecho a un abogado de verdad, a no declarar y a no firmar nada sin entender qué pone.

Por ahora, las jóvenes están acusadas de daños y de delitos contra el patrimonio histórico, a raíz de varias denuncias presentadas tras los ataques. El juez tendrá que decidir si las pruebas recogidas son válidas o si hay que descartarlas. Si se confirma la vulneración de derechos, el caso podría archivarse. Si no, seguirá adelante y los tribunales determinarán la responsabilidad de cada una.

Los afectados por este tipo de procesos deberían saber que pueden pedir que se revise la legalidad de la detención, solicitar copia de las grabaciones y exigir que todo lo declarado conste por escrito con asistencia letrada. Un abogado de confianza es el primer paso.