El caso senderismo, una investigación sobre malversación y fraude que involucra a exfuncionarios del Govern balear, el Consell de Mallorca y la asociación PAS-Amics del Camí, ha llegado a su fin hoy con un acuerdo de conformidad. Según este acuerdo, el exgerente del Inestur, Antonio Oliver, y el responsable de supervisión de contratos menores, Sebastià Amengual, han sido absueltos, mientras que los demás acusados han aceptado penas mínimas que se sustituirán con multas.

En un principio, la Fiscalía solicitaba penas que sumaban 32 años de cárcel en esta causa que se inició en 2013. Sin embargo, se ha aplicado una atenuante de dilaciones indebidas a todos los condenados, además de la reparación del daño.

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau, las acusaciones particulares (Gobierno, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Valldemossa) y las defensas han formalizado hoy el acuerdo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. Como parte del pacto, se han eliminado las referencias a los delitos de malversación de fondos y falsedad documental.

En virtud del acuerdo, los condenados han admitido que, en una reunión en las instalaciones del Inestur en 2008, se pusieron de acuerdo para favorecer a la asociación PAS Amics del Camí utilizando de manera fraudulenta contratos y subvenciones con fondos públicos.

Sin embargo, a su salida del Palacio de Justicia, la exconsellera de Cultura del Consell, Joana Lluïsa Mascaró, ha mantenido su inocencia y ha afirmado que solo ha firmado el acuerdo por recomendación legal.

Por el delito de fraude, han sido condenados a nueve meses de prisión cada uno el jefe del área de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (IMET), Antonio Rebassa; la exvicepresidenta y exconsellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró; el secretario general técnico del departamento de Cultura y Patrimonio del Consell, Joan Serra; y como cooperadores necesarios, el director de la asociación PAS-Amics del Camí, Lluis Planas, y el secretario y representante de la misma en Mallorca, Emilio Gallardo. Ninguno de ellos ingresará en prisión, ya que las penas se han sustituido por multas.

Por otro lado, por el delito de prevaricación, han recibido penas de inhabilitación de dos años y dos meses para ejercer cargos públicos relacionados con contratación y subvenciones, con excepción de los representantes de la asociación, que no son funcionarios ni ostentaban cargos públicos, y que quedan inhabilitados por un año y dos meses.

Además, los condenados deberán indemnizar a la Comunidad Autónoma con 42.120 euros, al Consell de Mallorca con 20.880 euros y al Ayuntamiento de Valldemossa con 3.591 euros.