Este jueves 13 de abril la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas acusadas de subalquilar habitaciones de un piso en Palma para que mujeres en situación irregular ejercieran la prostitución. Los detenidos son tres hombres de origen colombiano de 42, 35 y 34 años y un español de 31 años. Todos ellos están acusados de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

El mes pasado, los agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif) recibieron información sobre un piso en el barrio de Pere Garau, en el que se estaría ejerciendo la prostitución en un prostíbulo clandestino camuflado como vivienda. Tras comprobar la veracidad de la información la policía encontró mujeres colombianas, la mayoría en situación irregular en España, ejerciendo la prostitución en el piso.

Según explican los agentes, las mujeres tenían alquilada una habitación por un alquiler semanal de hasta 300 euros (1.200 euros mensuales) para ejercer la prostitución. Las titulares de las habitaciones, por su parte, obtenían una ganancia económica muy superior a la media de la zona. Además, una de las detenidas, al encontrarse en situación irregular en España, solicitó a otra mujer prestada sus documentos para el alquiler de la vivienda. Ésta, a sabiendas de que iba a ser utilizada para firmar el contrato de arrendamiento, le prestó la documentación.

En la firma del contrato, las detenidas presentaron contratos laborales y nóminas falsas como "medios de vida". Pasado un tiempo, una de las mujeres que figuraba en el contrato inicial rescindió su parte y se lo cedió a una tercera persona de nacionalidad española --otro de los detenidos en la operación-- en un anexo del contrato inicial.

Según los investigadores, los detenidos presentaron este contrato de arrendamiento para empadronar a 13 personas, nueve de ellas en situación irregular en España. En el marco de esta misma investigación se descubrió que uno de los detenidos había alquilado, además, otra vivienda en otra calle de Palma y la había realquilado por habitaciones para que, igualmente se ejerciera la prostitución.

Además de la investigación penal, se ha instruido un Expediente Administrativo sancionador por empadronamientos fraudulentos.